La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó temporalmente a la administración de Donald Trump a continuar con las deportaciones de determinados migrantes hacia países distintos a aquellos de los que son ciudadanos, mientras el máximo tribunal analiza de fondo la legalidad de esta política.
La decisión, adoptada este martes 29 de septiembre, suspendió por ahora una orden de un tribunal inferior que había bloqueado estas deportaciones al considerar que los migrantes debían recibir información previa y una oportunidad para plantear posibles riesgos de persecución o tortura en los países de destino.
La medida se conoce como deportación a terceros países y permite enviar a una persona a un país que no es su lugar de origen, una práctica que el Gobierno estadounidense ha utilizado especialmente cuando existen obstáculos legales o prácticos para devolverla directamente a su país de ciudadanía.
Según documentos judiciales y reportes de medios estadounidenses, más de 25.000 personas han sido enviadas a terceros países desde que esta política comenzó a aplicarse de manera amplia durante el segundo mandato de Trump. Los destinos han incluido países de América Latina y África.
El caso será analizado en diciembre
Aunque la Corte permitió que las deportaciones continúen por ahora, no ha emitido una decisión definitiva sobre la legalidad de la política.
Los magistrados acordaron escuchar los argumentos del caso en diciembre de 2026, cuando analizarán los cuestionamientos relacionados con el debido proceso y la facultad de los tribunales inferiores para limitar estas deportaciones.
La controversia surgió después de que un juez federal de Boston determinara que los migrantes debían contar con una oportunidad significativa para manifestar si enfrentaban riesgos de persecución o tortura antes de ser enviados a un tercer país. Una corte federal de apelaciones respaldó posteriormente buena parte de esa decisión.
Gobierno defiende la medida
La administración Trump sostiene que las deportaciones a terceros países constituyen una herramienta necesaria para retirar del territorio estadounidense a personas que tienen órdenes finales de expulsión, especialmente cuando sus países de origen no las reciben o existen restricciones legales para enviarlas de regreso.
Los demandantes, por su parte, cuestionan que algunos migrantes puedan ser trasladados a países con los que no tienen vínculos y sin contar previamente con una oportunidad suficiente para plantear sus temores ante las autoridades.
La orden de la Suprema Corte es, por ahora, provisional. El futuro de la política quedará sujeto al análisis de fondo que realizarán los magistrados en diciembre.