Una investigación sobre el uso de inmuebles particulares durante el gobierno de Gustavo Petro abrió nuevos interrogantes sobre los desplazamientos del entonces presidente, los gastos reservados de inteligencia y las reuniones que se habrían realizado fuera de la Casa de Nariño.
De acuerdo con testimonios recopilados por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, durante el mandato de Petro se habilitaron varias viviendas en Bogotá para actividades relacionadas con la seguridad presidencial y encuentros privados.
Jorge Lemus, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reconoció que se adecuaron casas de seguridad financiadas con gastos reservados y que quedaron a disposición del presidente. Sin embargo, negó que Petro hubiera asistido a esos lugares y sostuvo que allí funcionaban dependencias de inteligencia.
Otros dos antiguos integrantes de la cúpula de la DNI entregaron una versión diferente. Según sus declaraciones, existieron reportes sobre el uso de una vivienda en el sur de Bogotá y otras dos propiedades, una de ellas en el barrio Quinta Paredes, cerca de Corferias.
Uno de los testimonios menciona que, semanas antes de la COP16 de 2024, se verificó si el mandatario permanecía durante dos o tres días en algunas de esas viviendas. También se habrían emitido alertas de seguridad por la presencia de una banda delincuencial cerca de uno de los inmuebles, lo que habría motivado recomendaciones especiales de protección, incluida la disponibilidad de una ambulancia.
Por su parte, el abogado Alejandro Carranza confirmó que Petro sí se desplazó a viviendas particulares, pero rechazó las versiones sobre supuestas fiestas, consumo de alcohol y encuentros con mujeres.
El penalista aseguró que las reuniones realizadas fuera de la sede presidencial estaban relacionadas con asuntos de seguridad nacional y que los movimientos respondían a información de inteligencia sobre posibles atentados contra el mandatario.
Entre los argumentos expuestos mencionó un supuesto plan para atacar a Petro, el hallazgo de un mortero que presuntamente iba a ser utilizado en su contra y el retiro del sistema antidrones y de algunas armas de protección de la Casa de Nariño por parte de Estados Unidos.
Las versiones dejan planteados varios interrogantes sobre quiénes utilizaron esos inmuebles, qué actividades se desarrollaron allí y cómo se administraron los recursos reservados destinados a su funcionamiento. Hasta ahora, los testimonios citados presentan diferencias sobre la presencia del entonces presidente y el propósito de esos encuentros.
