La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
El proceso está relacionado con un contrato superior a los 4.950 millones de pesos para implementar el Sistema de Validación Nacional, una herramienta tecnológica destinada a controlar el ingreso de aficionados a los estadios de fútbol.
Según la investigación, el sistema debía permitir asociar los documentos de identidad de los asistentes con sus respectivas boletas y verificar antecedentes para impedir el acceso de personas que tuvieran restricciones.
Las presuntas irregularidades en la contratación
La Fiscalía sostiene que Urrutia, cuando estaba al frente del Ministerio del Deporte, contrató directamente a través de un convenio interadministrativo con Aldesarrollo, pese a que las condiciones del proceso exigían garantizar la pluralidad de oferentes.
La investigación también apunta a que la contratación habría condicionado la subcontratación de una empresa particular con la que, presuntamente, ya se había acordado la ejecución del proyecto.
Entre las anomalías identificadas figuran la ausencia de estudios de mercado y de procedimientos para determinar el valor del contrato y los costos de las actividades previstas.
Además, el ente acusador señaló que la entonces ministra habría ignorado advertencias de los equipos técnicos y jurídicos de la cartera sobre posibles irregularidades en los trámites precontractuales. Pese a esas alertas, el convenio fue firmado el 30 de diciembre de 2022.
También investigan documentos oficiales
La Fiscalía indicó que en los estudios previos y en el acto administrativo que justificó la contratación se habrían incluido afirmaciones contrarias a la realidad, lo que configuraría presuntas falsedades en documentos públicos con valor probatorio.
Con la formulación de acusación, el caso avanza hacia la etapa de juicio, en la que deberán examinarse las pruebas y determinarse si la exministra incurrió en los delitos atribuidos. Hasta que exista una sentencia, Urrutia conserva la presunción de inocencia.
