La Ley de Sometimiento enfrenta sus últimas horas de trámite en el Congreso, en medio de diferencias entre las bancadas y cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento. Mientras representantes del Gobierno aseguran que cuentan con los votos para sacarla adelante, desde otros sectores advierten que el proyecto podría terminar ante la Corte Constitucional por presuntos vicios de trámite.
La discusión tiene un plazo inmediato: el 4 de noviembre vence el término señalado para completar el trámite legislativo. Por eso, la Cámara y el Senado deben avanzar a contrarreloj si quieren dejar aprobada la iniciativa dentro del calendario previsto.
Dos posiciones enfrentadas
El representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, manifestó que las bancadas favorables al proyecto están trabajando para conseguir su aprobación antes de que termine el plazo legal. Según explicó, la intención es avanzar durante la jornada y dejar lista la iniciativa antes de la medianoche.
Desde el Pacto Histórico, el representante Heráclito Landínez reconoció que el Gobierno tendría mayorías para continuar con el trámite, pero advirtió que el proyecto podría ser demandado ante la Corte Constitucional. Entre sus cuestionamientos mencionó la falta de consulta previa y presuntas irregularidades en la presentación y discusión de las proposiciones.
La controversia por el procedimiento ya tuvo un episodio concreto en la Cámara. La ponencia positiva recibió inicialmente 90 votos a favor y 44 en contra, pero la votación fue reabierta después de los reclamos de varios representantes. En la segunda votación obtuvo 99 votos positivos y 39 negativos.
¿Qué falta para que sea ley?
La aprobación de la ponencia positiva permitió que el proyecto continuara su trámite, pero no significó que la Cámara hubiera aprobado la iniciativa completa. Al cierre de la sesión anterior apenas se habían aprobado los artículos 5 y 14, mientras el resto del articulado seguía pendiente.
El Senado también tiene que completar la discusión y votación en plenaria. Si las dos cámaras aprueban textos diferentes, será necesario conciliarlos antes de que el proyecto pueda pasar a sanción presidencial.
La iniciativa modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y establece un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales se sometan a la justicia bajo condiciones como la entrega de armas, información y bienes, además del cumplimiento de obligaciones verificables.
Un debate con consecuencias políticas y jurídicas
El proyecto es una de las principales apuestas del Gobierno de Abelardo De La Espriella para reemplazar el modelo de la Paz Total de la administración anterior por un esquema de sometimiento a la justicia, sin negociaciones políticas con las estructuras criminales.
La discusión tiene dos frentes decisivos: el primero, conseguir los votos necesarios para completar el trámite dentro del plazo; el segundo, superar los cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo y el contenido de la norma.
Por ahora, las declaraciones de Daniel Briceño y Heráclito Landínez reflejan las posiciones enfrentadas en el Congreso. El desenlace depende de las votaciones pendientes y de que el procedimiento cumpla las exigencias constitucionales. La aprobación de la ponencia, por sí sola, todavía no garantiza que la Ley de Sometimiento entre en vigencia.
