Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, calificó como un posible montaje político las recientes acusaciones de Deicy Jiménez contra su padre, aunque reconoció que los contratos estatales que habría recibido la mujer deben ser investigados.
Andrea sostuvo que los señalamientos sobre la vida íntima del exmandatario podrían formar parte de una estrategia para afectar su imagen política.
“Como no han podido destruirlo ni en corrupción, ni financieramente, ni en su vida privada, ahora se están metiendo con su vida íntima”, afirmó durante la conversación.
La hija del exmandatario también expresó que, por la forma en que se han presentado las denuncias, “da la impresión de que está orquestado”, al referirse a lo que considera un intento de perjudicar políticamente a su padre ante futuras contiendas electorales.
Sin embargo, Andrea Petro reconoció que las contrataciones que habría tenido Jiménez durante el Gobierno deben ser examinadas. Según lo expuesto en la entrevista, la mujer habría recibido al menos cinco contratos, cuya naturaleza, condiciones y eventuales vínculos con funcionarios deben establecerse mediante una revisión de la documentación correspondiente.
“Los contratos deben ser objeto de revisión, pero no estoy de acuerdo con que se mezclen las investigaciones con señalamientos sobre la vida sentimental y sexual de Gustavo Petro”, manifestó.
Las declaraciones se producen después de que Deicy Jiménez formulara acusaciones sobre una supuesta relación con el exmandatario y afirmara que habría recibido contratos relacionados con esa cercanía. También ha hecho señalamientos sobre presuntos encuentros sexuales a cambio de beneficios contractuales, afirmaciones que requieren verificación.
Por ahora, las declaraciones de Andrea Petro constituyen su posición frente a la controversia y no demuestran por sí mismas que exista una operación coordinada contra su padre. Al mismo tiempo, su llamado a revisar los contratos abre una cuestión distinta de las acusaciones sobre la vida privada: establecer si las vinculaciones estatales se ajustaron a los procedimientos legales y si existieron posibles irregularidades.
La verificación de los contratos y de las denuncias será clave para determinar qué hechos cuentan con respaldo documental y cuáles permanecen en el terreno de las acusaciones.
