El Gobierno nacional redujo en $13,8 billones el Presupuesto General de la Nación para 2026 mediante el decreto 1585. La Aeronáutica Civil, la Registraduría Nacional y la Rama Judicial encabezan la lista de entidades con los mayores ajustes, en una decisión que modifica los recursos disponibles para lo que resta del año.
El recorte final quedó por debajo de los $21,9 billones anunciados inicialmente. Según el Ministerio de Hacienda, la medida busca reducir gastos que no se consideran prioritarios, eliminar compras innecesarias y ajustar compromisos que no alcanzarían a ejecutarse durante la vigencia.
La reducción se distribuye en tres grandes componentes: $3 billones menos en gastos de funcionamiento, principalmente por ajustes en contratos de prestación de servicios y compras; $4 billones en el servicio de la deuda, atribuidos a mejores condiciones de la tasa de cambio; y $6,8 billones en contratación que no se ejecutaría o que no corresponde a las prioridades nacionales.
Las entidades con mayores recortes
La Aeronáutica Civil ocupa el primer lugar, con una reducción de $949.143 millones. Le sigue la Registraduría Nacional del Estado Civil, con $775.000 millones, mientras que la Rama Judicial registra un ajuste de $696.496 millones.
La lista de las entidades con los mayores recortes continúa así:
- Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): $393.306 millones.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: $366.845 millones.
- Ministerio del Trabajo: $269.814 millones.
- Ministerio del Interior: $261.862 millones.
- Fiscalía General de la Nación: $260.600 millones.
- Superintendencia de Notariado y Registro: $258.610 millones.
- Ministerio de Hacienda: $251.880 millones.
El listado también incluye al Departamento Nacional de Planeación, con $249.550 millones, y a la Presidencia de la República, con $191.670 millones.
Otros ajustes corresponden al Ministerio de Minas y Energía, con $180.860 millones; la Procuraduría General de la Nación, con $160.000 millones; la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con $155.380 millones, y la Superintendencia Nacional de Salud, con $117.580 millones.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, tendrá una reducción de $19.743 millones.
¿Qué implica el ajuste?
El Ministerio de Hacienda sostiene que el recorte se concentra en gastos prescindibles y compromisos que no se ejecutarían antes de finalizar 2026. Sin embargo, las cifras generales no detallan por sí solas cuáles programas, proyectos o servicios específicos perderán recursos en cada entidad.
Por eso, el impacto concreto dependerá de cómo se distribuyan los ajustes internamente y de qué contratos o inversiones sean aplazados o eliminados. En entidades como la Aeronáutica Civil, la Registraduría y la Rama Judicial, será clave conocer qué actividades se mantienen y cuáles deberán ajustarse con el presupuesto disponible.
