El incremento de los homicidios en el departamento del Atlántico durante el primer semestre de 2026 volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad de las inversiones en seguridad. El director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, José Humberto Torres, alertó que, de mantenerse la tendencia actual, el departamento podría superar los mil asesinatos al finalizar el año.
El pronunciamiento fue realizado al término de la primera sesión del Comité de Justicia Transicional 2026, desarrollada en la Gobernación del Atlántico, donde el funcionario calificó como preocupante el panorama de orden público que enfrenta el departamento.
Según explicó Torres, las cifras reflejan un aumento del 56 % en los homicidios con respecto al mismo periodo de 2025. Mientras durante el primer semestre del año anterior se registraron 434 asesinatos, en lo corrido de este año la cifra asciende a 675 casos, lo que evidencia un crecimiento significativo de la violencia.
Ante este panorama, el director territorial cuestionó la efectividad de los recursos recaudados a través de la tasa de seguridad y del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset), al señalar que, pese a esas inversiones, los indicadores de criminalidad continúan aumentando, especialmente en municipios del área metropolitana como Soledad.
Durante la reunión, Torres solicitó al gobernador del Atlántico revisar el destino de esos recursos y evaluar si las estrategias financiadas están generando el impacto esperado en la reducción de la violencia.
«Es necesario analizar qué ha pasado con esos recursos y si las inversiones realizadas, como las destinadas a alumbrado público o recuperación de parques, realmente están contribuyendo a mejorar la seguridad. Las cifras muestran que es momento de replantear las prioridades», manifestó.
El funcionario también llamó la atención sobre la atención brindada a las víctimas del conflicto armado en el departamento. Indicó que, aunque en el Atlántico hay más de 200.000 víctimas registradas, menos del 5 % accede a los programas impulsados por la administración departamental, por lo que consideró necesario fortalecer las políticas públicas dirigidas a esta población.
En relación con las propuestas que plantean flexibilizar el porte de armas para particulares, Torres expresó su desacuerdo y sostuvo que esa medida no solucionará el problema de la inseguridad.
«Un incendio no se apaga con combustible. Lo que se requieren son decisiones estructurales y estrategias integrales que permitan reducir los homicidios, las extorsiones y otros delitos que afectan a la ciudadanía», afirmó.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades del departamento y de los municipios del área metropolitana para fortalecer las acciones de prevención y control del delito, con el objetivo de contener el crecimiento de la violencia y evitar que el Atlántico cierre el año con una cifra histórica de homicidios.