La controversia por las diferencias entre los textos aprobados en el Congreso y los cuestionamientos al procedimiento legislativo ya tiene movimientos dentro del Ministerio de Hacienda. Una persona renunció y cinco contratos de prestación de servicios fueron terminados en el equipo encargado de la interlocución con el Legislativo.
La salida de integrantes del equipo de enlace legislativo del Ministerio de Hacienda se conoce en medio de las dudas por el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027, que terminó siendo expedido por el Gobierno mediante decreto después de que el Senado y la Cámara de Representantes no conciliaran sus respectivas versiones dentro del plazo establecido.
De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, una persona presentó su renuncia y se dieron por terminados cinco contratos de prestación de servicios. Los afectados hacían parte del equipo que acompañaba las relaciones entre el Gobierno y el Congreso durante la discusión de iniciativas legislativas.
Por ahora, no se han divulgado los nombres de las personas que salieron ni las razones administrativas específicas de cada decisión. Tampoco se ha establecido públicamente si los movimientos corresponden a una sanción directa por las irregularidades señaladas en el trámite presupuestal.
El artículo 65, en el centro de la controversia
El Gobierno oficializó el Presupuesto General de la Nación para 2027 mediante el Decreto 1599 del 22 de octubre, por un monto cercano a los $634,9 billones.
La decisión se produjo luego de que surgieran diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes, sin que se alcanzara una conciliación dentro del plazo legal. Ante esa situación, el Ejecutivo acudió al mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto para determinar los recursos del próximo año.
Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue el artículo 65, relacionado con mecanismos de cobertura financiera. Según la información conocida, una proposición que no habría sido votada en el Senado terminó incorporada en la versión aprobada por la Cámara, lo que produjo una discrepancia entre los documentos.
Al no concretarse la conciliación, el Gobierno tomó como referencia el texto aprobado durante el primer debate de las comisiones económicas. Algunas modificaciones incluidas posteriormente en las plenarias quedaron por fuera de la versión expedida, entre ellas cambios relacionados con recursos adicionales para las EPS y subsidios de energía y gas.
¿Quién responde por lo ocurrido?
El equipo de enlace legislativo tiene entre sus funciones acompañar las deliberaciones, mantener la comunicación con los congresistas y facilitar la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo durante el trámite de los proyectos.
La salida de una persona y la terminación de cinco contratos ponen bajo atención el funcionamiento de ese equipo, pero la información disponible no permite atribuirle de manera individual la responsabilidad por las diferencias en el presupuesto.
Queda por esclarecer quién debía verificar la correspondencia entre los textos aprobados por ambas cámaras, cuándo se detectó la discrepancia y qué controles se aplicaron antes de que venciera el plazo para la conciliación.
Hasta el momento, no se conocen detalles públicos sobre una eventual investigación interna ni sobre las explicaciones oficiales de MinHacienda acerca de las salidas. La controversia, por tanto, sigue abierta tanto por las consecuencias presupuestales como por la determinación de las responsabilidades en el procedimiento legislativo.
