Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc y exvocero de paz durante el gobierno de Gustavo Petro, fue extraditado a Estados Unidos junto con otros cinco privados de la libertad.
Una corte de Florida lo requiere por presuntos delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos. Su traslado se produce después de que el gobierno anterior frenara la extradición, debido a su participación en los acercamientos de la política de paz total.
Pero los señalamientos contra Henao Gutiérrez también están relacionados con graves hechos de violencia en el Catatumbo, Norte de Santander. La Fiscalía lo ha vinculado a investigaciones por concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.
El ente acusador lo identificó como uno de los presuntos articuladores de la confrontación entre las disidencias del Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), enfrentamientos que comenzaron el 16 de enero de 2025 y afectaron a diferentes comunidades de la región.
Entre los hechos investigados figura el asesinato de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú. Según la Fiscalía, el 17 de enero de 2025 hombres armados ingresaron a la vivienda de la víctima, la sacaron contra su voluntad y la llevaron a una zona despoblada cerca de una mina de carbón, donde fue asesinada.
A Mocho Olmedo también le atribuyen presunta responsabilidad en 31 hechos de desplazamiento forzado registrados entre el 16 y el 20 de enero de 2025. De acuerdo con la investigación, las amenazas de integrantes del Frente 33 obligaron a 84 personas de sectores de Tibú y El Tarra a abandonar sus hogares.
La extradición abre ahora el escenario judicial en Estados Unidos por los cargos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Mientras tanto, los señalamientos por delitos cometidos en Colombia corresponden a investigaciones que deben avanzar ante las autoridades competentes.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la participación de integrantes de grupos armados en los procesos de paz del gobierno Petro y las decisiones adoptadas frente a sus requerimientos judiciales internacionales.
