El traslado de 20 presuntos delincuentes desde centros de reclusión de Barranquilla hacia cárceles de máxima seguridad abrió un nuevo capítulo en la lucha contra las estructuras criminales que, según las autoridades, continuarían coordinando actividades ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La medida, ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella después de una reunión del Consejo de Seguridad, busca principalmente interrumpir las redes criminales que estarían operando desde las cárceles, especialmente aquellas relacionadas con extorsiones y homicidios.
El primer movimiento se produjo durante las primeras horas de este martes, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, trasladó a 10 internos desde la Penitenciaría El Bosque hacia Bogotá. Desde la capital serán distribuidos en establecimientos de máxima seguridad como La Picota, en Bogotá; Cómbita, en Boyacá, y Girón, en Santander.
La operación hace parte de un listado de 20 internos que, de acuerdo con la información recopilada por las autoridades, serían señalados de continuar participando en actividades criminales pese a encontrarse privados de la libertad.
El objetivo inmediato es cortar sus canales de comunicación y dificultar la capacidad que tendrían para impartir órdenes a integrantes de estructuras criminales que permanecen en las calles.
La preocupación no es menor. Investigaciones de las autoridades han permitido establecer que algunos internos tendrían acceso a teléfonos celulares desde los cuales presuntamente coordinan extorsiones, amenazas e incluso homicidios.
Según la información suministrada en el marco de las investigaciones, algunos centros penitenciarios terminarían funcionando como verdaderos centros de llamadas criminales, desde donde los delincuentes contactan a comerciantes para exigirles dinero bajo amenazas.
Una de las fuentes de información utilizadas por los extorsionistas serían los registros de las cámaras de comercio, donde pueden encontrar datos sobre empresas, propietarios y socios.
Con esta información, los internos tendrían elementos suficientes para identificar a potenciales víctimas y posteriormente realizar llamadas intimidatorias.
Pero las órdenes no terminarían en las llamadas.
Las autoridades también han detectado casos en los que desde las cárceles se impartirían instrucciones a integrantes de las organizaciones criminales que permanecen en libertad para ejecutar ataques contra establecimientos comerciales, intimidaciones o asesinatos.
El celular, una herramienta clave del crimen desde las cárceles
Uno de los mayores desafíos para las autoridades penitenciarias es precisamente el ingreso y utilización de teléfonos celulares dentro de las cárceles.
De acuerdo con la información conocida, estos equipos pueden alcanzar precios extremadamente elevados dentro de los establecimientos penitenciarios. Un celular usado podría llegar a comercializarse por varios millones de pesos, mientras que las tarjetas SIM también tendrían precios elevados.
La investigación sobre cómo ingresan estos elementos a los centros de reclusión apunta, entre otros aspectos, a posibles redes de corrupción que permitirían el ingreso de dispositivos mediante visitantes o funcionarios.
El problema, por tanto, no se limita a decomisar teléfonos.
También implica identificar quién permite su ingreso, cómo son comercializados dentro de los establecimientos y qué estructuras criminales se benefician de esa operación.
¿El traslado realmente reducirá la extorsión?
Para Luis Fernando Trejos, investigador y profesor de la Universidad del Norte, el traslado de los internos puede generar resultados positivos en el corto plazo, especialmente si logra afectar la infraestructura criminal que funciona dentro de los centros penitenciarios.
Trejos considera que uno de los principales efectos podría verse precisamente en el delito de extorsión, debido a que este tipo de estructuras utilizan las comunicaciones desde las cárceles para mantener contacto con sus víctimas y con los integrantes que permanecen en libertad.
Sin embargo, el investigador advierte que el traslado, por sí solo, no constituye una solución definitiva.
La experiencia colombiana demuestra que estas medidas pueden producir alivios temporales, pero no necesariamente terminan con la capacidad criminal de los internos.
Uno de los ejemplos mencionados por Trejos es el de alias ‘El Negro Ober’, quien ha pasado por diferentes establecimientos penitenciarios y, pese a los traslados, ha sido señalado de continuar delinquiendo desde prisión.
El caso evidencia uno de los principales problemas que enfrenta el sistema penitenciario: trasladar a un interno puede dificultar temporalmente sus operaciones, pero si las condiciones que permiten la comunicación ilegal permanecen, la estructura puede volver a establecer sus mecanismos de coordinación.
El desafío de los inhibidores de señal
Una de las alternativas que estudia el Gobierno es fortalecer los mecanismos tecnológicos para impedir que los teléfonos celulares funcionen dentro de las cárceles.
Sin embargo, esta solución también enfrenta dificultades.
Muchos establecimientos penitenciarios están ubicados dentro o cerca de zonas urbanas densamente pobladas. Por ello, una inhibición indiscriminada de la señal podría afectar las comunicaciones de ciudadanos que viven en los alrededores.
Esta situación genera problemas técnicos, pero también plantea interrogantes relacionados con derechos constitucionales y acceso a las comunicaciones.
Precisamente, el ministro de Justicia y la ministra de las TIC sostuvieron reuniones con operadores de telefonía móvil para buscar alternativas que permitan bloquear las comunicaciones ilegales desde los centros penitenciarios sin afectar a los habitantes de las zonas cercanas.
El reto consiste en encontrar una solución suficientemente precisa para bloquear las señales dentro de los establecimientos sin generar una especie de ‘apagón’ de comunicaciones en los barrios vecinos.
Aislamiento y vigilancia permanente
Entre las alternativas que han mostrado resultados en determinados casos también está el aislamiento de algunos internos considerados de mayor riesgo.
La estrategia consiste en ubicar a determinados presos en celdas individuales, con monitoreo permanente durante las 24 horas, reduciendo sus posibilidades de acceder a teléfonos y establecer contacto con otros integrantes de las estructuras criminales.
Esta medida, sin embargo, requiere controles estrictos y una selección adecuada de los internos que deben ser sometidos a este régimen.
El propósito es impedir que quienes continúan ejerciendo liderazgo criminal desde prisión puedan utilizar el establecimiento penitenciario como centro de operaciones.
El verdadero objetivo: recuperar el control de las cárceles
La discusión de fondo va más allá de los 20 traslados.
El desafío para el Gobierno consiste en recuperar el control efectivo de los establecimientos penitenciarios y evitar que las organizaciones criminales continúen utilizando las cárceles como plataformas para ordenar delitos en el exterior.
El traslado a establecimientos de máxima seguridad puede dificultar las comunicaciones y romper temporalmente determinados enlaces criminales, pero los expertos advierten que debe estar acompañado de controles sobre el ingreso de celulares, inteligencia penitenciaria, vigilancia permanente, investigación de redes de corrupción y herramientas tecnológicas eficaces.
En el caso de Barranquilla y el Atlántico, la expectativa está puesta en determinar si la medida tendrá un impacto concreto sobre las cifras de extorsión y homicidio.
Las autoridades sostienen que los 20 internos fueron identificados precisamente porque existirían indicios de que algunos continuarían participando en actividades criminales desde prisión.
Por eso, el éxito de la operación no se medirá únicamente por el número de internos trasladados, sino por la capacidad de las autoridades para cortar definitivamente las comunicaciones y las órdenes que, según las investigaciones, salen desde las cárceles hacia las calles.
El traslado ya comenzó. Ahora viene la prueba más importante: demostrar si el golpe consigue desarticular esas redes criminales o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, apenas produce un respiro temporal frente a la extorsión y la violencia.