La revista ha puesto en circulación acusaciones de enorme gravedad sobre el entorno del Gobierno de Gustavo Petro. Pero si la Fiscalía sostiene que no reposan en sus archivos las pruebas a las que se hace referencia, surge una pregunta inevitable: ¿dónde están esas evidencias y por qué no se conocen sus alcances?
La controversia alrededor de las declaraciones de Eva Ferrer exige respuestas concretas. No basta con publicar acusaciones explosivas, convertirlas en titulares de alto impacto y dejar que sus repercusiones políticas se extiendan mientras persisten las dudas sobre el material que supuestamente las respalda.
La revista Semana tiene todo el derecho de investigar, entrevistar a sus fuentes y revelar información de interés público. Precisamente por el alcance de su trabajo y la gravedad de los señalamientos divulgados, también tiene una responsabilidad frente a sus lectores: explicar con claridad qué está probado, qué corresponde al testimonio de Ferrer y qué continúa pendiente de corroboración.
Si el medio asegura contar con evidencias que respaldan las afirmaciones de la exasesora, lo razonable es que aclare de qué tipo de material se trata, qué hechos permite acreditar y si fue entregado a las autoridades competentes. Si ya lo hizo, puede informar cuándo y ante qué organismo, en la medida en que hacerlo no comprometa una investigación ni la protección de sus fuentes.
El país no puede quedar atrapado entre una revista que presuntamente cuenta con pruebas y una Fiscalía que, según la información divulgada, afirma que esos elementos no reposan en sus archivos. Esa aparente contradicción merece una explicación verificable, no más especulaciones.
Hay una diferencia fundamental entre publicar el relato de una persona, contar con documentos que lo respalden y demostrar que esos documentos prueban los hechos denunciados. Un testimonio puede ser el punto de partida de una investigación, pero no equivale automáticamente a una prueba concluyente. Mucho menos permite presentar como responsables a quienes han sido señalados sin que se establezca su participación.
Tampoco sería correcto concluir que las evidencias no existen únicamente porque la Fiscalía diga que no están en sus archivos. Podrían encontrarse en manos de terceros o no haber sido formalmente aportadas. Justamente por eso se necesita una explicación precisa sobre su existencia, su contenido y su eventual entrega a las autoridades.
La exigencia no implica que Semana tenga que exponer indiscriminadamente sus fuentes confidenciales ni publicar información que pueda poner en riesgo a alguien. Sí implica que debe distinguir entre lo que conoce directamente, lo que le fue contado y aquello que puede demostrar mediante elementos verificables.
Las declaraciones de Ferrer involucran a personas que ocuparon posiciones relevantes en el poder y plantean acusaciones que, por su naturaleza, requieren una comprobación rigurosa. El interés público es evidente. Pero ese interés no autoriza a reemplazar la evidencia por la repetición de señalamientos, ni a confundir la repercusión de una denuncia con la demostración de su veracidad.
La pregunta es directa: si Semana tiene las pruebas, ¿por qué no explica qué contienen, qué acreditan y si ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía?
La ciudadanía tiene derecho a recibir información completa y contextualizada para formarse su propio criterio. El derecho a informar no puede desligarse de la responsabilidad de ofrecer información rigurosa, y el derecho a estar informado pierde valor cuando las preguntas centrales quedan sin respuesta.
Si existen documentos, registros, fotografías, videos o testimonios directos que respalden las acusaciones, corresponde explicar sus alcances. Si se trata de versiones de terceros todavía sin corroboración independiente, también debe quedar claro.
Las acusaciones son demasiado graves para que todo termine en titulares. Si hay pruebas, que se aclare cuáles son y qué demuestran. Si no han sido entregadas a las autoridades, que se explique por qué. Y si todavía no existe corroboración suficiente, que esa limitación tenga la misma visibilidad que las denuncias.
El periodismo puede y debe investigar al poder, pero también debe estar dispuesto a responder por la solidez de lo que publica. En este caso, el país necesita menos ambigüedad y más evidencia verificable.