La negociación del salario mínimo de 2027 en Colombia comienza con una amplia distancia entre las propuestas de empresarios y sindicatos. Mientras los gremios empresariales plantean un incremento de entre el 8% y el 9,5%, las organizaciones sindicales aspiran a un aumento del 38,5%, una diferencia que anticipa una discusión compleja sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, la inflación y el costo de mantener empleos formales.
El debate parte de las cifras fijadas para 2026. El salario mínimo mensual quedó en $1.750.905, tras un incremento del 23%, mientras que el auxilio de transporte se estableció en $249.095 para quienes tienen derecho a recibirlo. Con ambos conceptos, el ingreso mensual llega a $2.000.000.
La decisión para 2027 tendrá efectos que van más allá del dinero que reciben los trabajadores cada mes. También incidirá en los costos laborales de las empresas, las obligaciones asociadas a la contratación formal y la capacidad de los hogares para afrontar los gastos cotidianos.
La inflación será una de las claves de la negociación
El comportamiento de los precios es uno de los principales elementos que entrarán en la discusión. Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) citadas en el análisis económico, la inflación anual alcanzó el 6,29% en septiembre de 2026, mientras que la variación acumulada entre enero y septiembre fue del 5,74%.
Estas cifras sirven como referencia para evaluar cuánto debería aumentar el salario con el fin de preservar el poder adquisitivo. Sin embargo, el porcentaje definitivo también dependerá de la productividad laboral, las proyecciones económicas y los datos de inflación al cierre del año.
Audrey Rodríguez, contadora pública, considera que la propuesta empresarial de entre el 8% y el 9,5% puede funcionar como punto de partida. En su análisis, un incremento cercano al 8% sería más manejable para las empresas, mientras que uno del 9,5% supondría una mayor presión financiera, particularmente para los negocios pequeños.
Rodríguez plantea que el aumento no debería superar el 10%. Se trata de su valoración profesional sobre la capacidad de pago empresarial, no de una cifra acordada por la mesa de negociación ni de una proyección oficial del Gobierno.
El costo de contratar puede superar el salario básico
Uno de los aspectos que también estará bajo discusión es el costo real que asumen los empleadores por cada trabajador formal.
Además del salario mensual, las empresas deben cubrir, según corresponda, aportes a seguridad social, prestaciones sociales, vacaciones y otros conceptos laborales. Por eso, un aumento del salario mínimo puede elevar el gasto empresarial en una proporción superior al incremento del ingreso básico, aunque el efecto exacto depende de las obligaciones aplicables a cada empleador.
Christian Quiñónez, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), advierte que el análisis debe contemplar la relación entre el salario, la inflación, la productividad y la capacidad de la economía para generar ingresos.
Desde su perspectiva, los aumentos que se apartan considerablemente de esos referentes pueden incrementar la presión sobre los costos de contratación y dificultar la vinculación formal de trabajadores, especialmente en actividades económicas con márgenes reducidos.
Este es uno de los puntos sensibles de la negociación: un incremento salarial más alto puede mejorar los ingresos de quienes reciben el mínimo, pero también representa mayores obligaciones para las empresas que deben asumirlo.
Dos posiciones que anticipan una negociación difícil
La diferencia entre las aspiraciones sindicales del 38,5% y el rango empresarial del 8% al 9,5% muestra la distancia que deberán intentar reducir el Gobierno, los empresarios y los trabajadores durante las conversaciones.
Para los sindicatos, el aumento representa una oportunidad de recuperar capacidad de compra y mejorar los ingresos laborales. Para los empleadores, la discusión incluye la posibilidad de asumir el incremento sin comprometer la sostenibilidad de sus negocios ni frenar la contratación.
La decisión también tendrá implicaciones para el gasto público y las obligaciones cuyo valor está vinculado al salario mínimo, aunque esos efectos varían según las reglas que rijan cada concepto.
Por ahora, no existe un porcentaje definitivo para 2027. Las cifras presentadas corresponden a propuestas y posiciones preliminares. El resultado dependerá de la evolución de la inflación, los datos de productividad y los acuerdos o decisiones que se adopten durante la negociación de fin de año.
