La Procuraduría General de la Nación avanza en la recolección de pruebas sobre las denuncias de Deicy Jiménez relacionadas con presuntos ofrecimientos de contratos públicos a cambio de favores sexuales. Dentro de esas actuaciones, citó a declarar a Tito Lorenzo Lovo Carretero, quien tuvo a su cargo la supervisión de dos contratos de la denunciante con el Ministerio del Interior.

La diligencia quedó programada para el martes 10 de noviembre. Un día antes, el lunes 9, Jiménez deberá ampliar su declaración ante el organismo de control.

Las dos vinculaciones contractuales suman $41.608.338. La primera, correspondiente a 2025, tuvo un valor de $11.151.338, mientras que la segunda fue suscrita en enero de 2026 por $30.457.000, con vigencia hasta el 31 de diciembre.

Ambos contratos estaban relacionados con actividades de apoyo a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, especialmente en el seguimiento de proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Lo que deberá explicar el supervisor

Lovo Carretero confirmó que supervisó los dos contratos y sostuvo que Jiménez cumplía con el perfil requerido. También explicó que la dependencia necesitaba personal de apoyo debido a la falta de funcionarios de planta.

Frente a una posible recomendación para vincularla, manifestó que no tenía conocimiento concreto y que las decisiones de contratación correspondían a la alta dirección del Ministerio.

La Procuraduría buscará establecer qué actividades debía desarrollar la contratista, cómo se verificó el cumplimiento de sus obligaciones y quiénes intervinieron en las decisiones que permitieron su vinculación.

Una investigación que involucra varias entidades

La indagación previa comenzó el 26 de octubre, luego de que se conocieran las denuncias de Jiménez sobre supuestos ofrecimientos de empleos y contratos estatales a cambio de encuentros sexuales.

El organismo de control solicitó información sobre sus vinculaciones con el Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Jiménez también ha entregado declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. En esta última diligencia, que se prolongó por más de 15 horas, amplió sus señalamientos y puso su celular a disposición de los investigadores para un análisis forense.

La declaración del supervisor será una de las actuaciones con las que la Procuraduría busca contrastar los testimonios con los documentos y procedimientos de contratación. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades y quiénes podrían tener responsabilidad.