Juliana Andrea Guerrero aceptó ante un juzgado de Bogotá su responsabilidad por el delito de fraude procesal, relacionado con la presentación de títulos académicos falsos que fueron incorporados a su hoja de vida y posteriormente entregados al Ministerio de la Igualdad.
La aceptación se produjo en el marco de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual Guerrero recibirá una pena de tres años de prisión, además de una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos.
Durante la audiencia, la joven reconoció expresamente su conducta y explicó que utilizó los documentos para actualizar su información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y quedar habilitada para aspirar a un cargo en el Estado.
“Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo”, manifestó Guerrero ante el juzgado.
¿Qué estableció la Fiscalía?
De acuerdo con la exposición realizada durante la audiencia, el 3 de septiembre de 2025, Guerrero habría cargado en el Sigep II dos diplomas y sus respectivas actas de grado, correspondientes a los títulos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública.
Según la Fiscalía, los documentos habían sido supuestamente expedidos por la Fundación de Educación Superior San José, con fecha del 1 de julio de 2025, pese a que no correspondían a estudios realmente cursados por la procesada.
El ente acusador sostuvo que Guerrero conocía la falsedad de los documentos cuando decidió incorporarlos a su hoja de vida y presentarlos ante funcionarios del Ministerio de la Igualdad.
La finalidad, según la Fiscalía, era generar una apariencia de cumplimiento de los requisitos y inducir a error a los funcionarios encargados de evaluar su perfil para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes.
“Nunca cumplió con los requisitos”
Durante la audiencia, la fiscal encargada del caso fue enfática al explicar las razones por las cuales el ente acusador consideró acreditado el conocimiento que tenía Guerrero sobre la falsedad de los documentos.
Según la funcionaria, la joven nunca habría cumplido los requisitos académicos necesarios para obtener los títulos que presentó.
“Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes”, sostuvo la fiscal durante la diligencia.
La Fiscalía agregó que Guerrero tenía conocimiento de que los títulos no correspondían a una formación académica realizada y que, aun así, decidió utilizarlos dentro de su hoja de vida.
De autora a cómplice
Uno de los aspectos centrales del preacuerdo está relacionado con la participación atribuida a Guerrero.
La Fiscalía explicó que, como parte de la negociación judicial, se aplicó una degradación de su grado de participación, pasando de autora a cómplice del delito de fraude procesal.
Esta figura permitió establecer las condiciones de la pena acordada y hacer más ágil la terminación del proceso judicial.
Guerrero aceptó los términos de la negociación y los cargos que habían sido formulados durante la imputación y posteriormente incluidos en el escrito de acusación.
Tres años de prisión y restricciones para ejercer cargos públicos
Con el preacuerdo, Guerrero deberá cumplir una pena de 36 meses de prisión, además de pagar la multa establecida por la justicia.
También quedará inhabilitada durante dos años y medio para ejercer cargos públicos, una consecuencia particularmente relevante debido a que la investigación está relacionada precisamente con la utilización de los documentos cuestionados para aspirar a una posición dentro del Gobierno.
El reconocimiento de responsabilidad pone fin a una parte central del proceso y deja establecida judicialmente la aceptación de Guerrero frente al delito de fraude procesal relacionado con la utilización de los títulos académicos falsos.
El caso también vuelve a generar cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de las hojas de vida y títulos académicos de quienes aspiran a ocupar cargos dentro de la administración pública.