El Gobierno Nacional radicó ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca establecer las condiciones para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales abandonen las armas y se sometan a la justicia. La iniciativa contempla rebajas de penas de hasta el 50 %, beneficios condicionados a la colaboración con las autoridades y compromisos de reparación a las víctimas.
La propuesta fue presentada por los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino, quienes defendieron la necesidad de establecer un marco jurídico para el sometimiento de estas organizaciones. El proyecto no contempla el reconocimiento político de los grupos que se acojan al mecanismo.
Según explicó Cancino, el proceso tendrá un carácter estrictamente jurídico y los interlocutores de las estructuras ilegales deberán ser abogados. El ministro insistió en que no se trata de una negociación política y que las organizaciones criminales deberán ajustarse a las condiciones que establezca la ley.
Rebajas de penas y beneficios condicionados
Uno de los puntos que más atención genera es la posibilidad de reducir hasta en un 50 % las penas de quienes cumplan los requisitos previstos en el proyecto y realicen aportes verificables al proceso de sometimiento.
Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo dentro de las estructuras criminales, la iniciativa plantea una reducción del 30 %, también sujeta al cumplimiento de las condiciones legales.
El articulado incluye disposiciones para colaboradores de estas organizaciones que hayan participado en delitos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito. En esos casos, el artículo 66B contempla la posibilidad de suspender condicionalmente la ejecución de la pena después de un año, siempre que se entreguen los bienes producto de las actividades ilícitas y se asuman compromisos verificables de justicia restaurativa.
Estos beneficios no serían automáticos. Su aplicación dependerá de las condiciones establecidas en la norma y de las obligaciones que asuman los beneficiarios.
Entrega de bienes y reparación a las víctimas
El proyecto también establece compromisos relacionados con la entrega de información sobre activos ilícitos, la reparación de las víctimas y la colaboración con las autoridades judiciales.
Entre las obligaciones contempladas figuran aportar información para la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas, facilitar la entrega de menores reclutados por grupos armados y contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos.
La propuesta busca que el sometimiento no se limite al abandono de las armas, sino que incluya acciones concretas para reparar los daños causados y entregar información útil para las investigaciones.
Otro componente plantea coordinar la intervención estatal en los territorios afectados por la violencia, con participación de la Fuerza Pública, la justicia y entidades responsables de impulsar programas sociales y alternativas económicas legales.
El Congreso tendrá la última palabra sobre las condiciones
La iniciativa propone actualizar la Ley 418 de 1997 y establecer reglas de largo plazo para el sometimiento voluntario de estructuras armadas ilegales.
Ahora, el proyecto deberá avanzar en el Congreso, donde se discutirán los requisitos para acceder a los beneficios, el alcance de las rebajas de penas y las garantías para las víctimas.
El debate legislativo tendrá que resolver aspectos centrales: cómo se verificará el cumplimiento de los compromisos, qué consecuencias enfrentarán quienes incumplan lo pactado y qué mecanismos permitirán comprobar que la entrega de bienes y la colaboración judicial sean efectivas.
Por ahora, las rebajas anunciadas forman parte de una propuesta legislativa. Su alcance definitivo dependerá de la discusión, los cambios que introduzca el Congreso y el texto que finalmente sea aprobado.