La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lanzó una fuerte advertencia frente a las directrices que, según denunció, habría impartido la Presidencia de la República para regular la relación del Gobierno con los medios de comunicación.
De acuerdo con la organización, las instrucciones incluirían restricciones para conceder entrevistas y ruedas de prensa a determinados medios, además de limitar las intervenciones de ministros a declaraciones sin espacio para preguntas y concentrar buena parte de la información oficial en la vocería de la Presidencia.
Para la FLIP, aunque el Gobierno tiene la facultad de organizar su estrategia de comunicaciones y definir sus voceros, esa autonomía no puede convertirse en un mecanismo que limite el acceso de periodistas a las fuentes oficiales ni en una barrera para formular preguntas, solicitar explicaciones y contrastar las versiones entregadas por las autoridades.
La Fundación sostiene que ya ha documentado situaciones en las que periodistas han intentado obtener información a través de canales y voceros oficiales sin recibir respuestas. Según la organización, esta falta de interlocución ha dificultado el cubrimiento de asuntos de alto interés público, entre ellos la evolución del conflicto armado y las consecuencias del reciente terremoto.
Uno de los puntos señalados por la FLIP tiene que ver con la utilización de la categoría de medios “amigos”. La organización considera que establecer diferencias entre periodistas o medios según su cercanía con el Gobierno podría generar privilegios para quienes realizan una cobertura menos crítica y restricciones para quienes cuestionan las decisiones oficiales.
La Fundación también recordó antecedentes que, según su pronunciamiento, se presentaron durante la campaña presidencial. Entre ellos mencionó denuncias de la periodista Camila Zuluaga, quien habría señalado que el entonces candidato Abelardo De La Espriella restringió entrevistas con determinados periodistas y habría instruido a su equipo de prensa para limitar la atención a solicitudes de algunos medios.
Sin embargo, la FLIP advierte que una decisión de relacionamiento adoptada durante una campaña electoral adquiere una dimensión diferente cuando se trata del Gobierno nacional. En ese escenario, sostiene, las fuentes oficiales, los funcionarios y los recursos de comunicación pertenecen al Estado y no pueden estar condicionados a la afinidad política o personal con un medio de comunicación.
“El relacionamiento del Estado con la prensa debe ser a partir de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios”, sostuvo la organización, al insistir en que el acceso a la información pública no puede depender de que un periodista sea considerado cercano o “amigo” del poder.
La FLIP también cuestionó que la publicación periódica de comunicados, declaraciones o contenidos oficiales pueda sustituir las preguntas de los periodistas. Según la Fundación, el derecho de acceso a la información no se limita a conocer aquello que el Gobierno decide divulgar, sino que también comprende la posibilidad de buscar información y ejercer control sobre las actuaciones de las autoridades.
En su pronunciamiento, la organización citó además la Sentencia SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional, que, según la FLIP, reiteró la protección constitucional reforzada del acceso de los periodistas a la información pública debido al papel que cumple la prensa en el escrutinio del poder.
Ante este panorama, la Fundación para la Libertad de Prensa pidió a la Presidencia revisar las directrices cuestionadas y garantizar que todos los medios y periodistas tengan condiciones igualitarias para acceder a las fuentes oficiales y participar en los espacios de comunicación convocados por el Gobierno.
La FLIP advirtió finalmente que limitar el acceso según criterios de cercanía política no solo puede afectar el ejercicio periodístico, sino también generar escenarios de autocensura y reducir la capacidad de la ciudadanía para conocer, contrastar y cuestionar las decisiones del poder público.