La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine la posible responsabilidad del expresidente Gustavo Petro en el denominado ‘Pacto de Valledupar’, un presunto acuerdo que habría involucrado a funcionarios del entonces Gobierno y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según la información conocida, la Fiscalía abrió una noticia criminal el pasado 31 de agosto. La investigación busca esclarecer si existieron gestiones para que exjefes paramilitares entregaran declaraciones contra distintas figuras políticas, supuestamente con miras a incidir en el escenario electoral.
La remisión de copias pone el caso en manos de la instancia legislativa competente para examinar las posibles conductas de un expresidente de la República. Sin embargo, esta actuación no equivale a una imputación formal de cargos ni demuestra que Petro haya cometido algún delito.
Investigación disciplinaria contra Benedetti y Angie Rodríguez
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez.
Las actuaciones están relacionadas con la presunta participación de ambos funcionarios en las gestiones de la denominada mesa de diálogo social. El alcance de esa investigación deberá establecerse a partir de las pruebas que recauden las autoridades.
El caso abre interrogantes sobre el origen, los participantes y los objetivos del supuesto acuerdo con antiguos jefes de las AUC. También será necesario determinar si las declaraciones que presuntamente se buscaban obtener respondían a información verificable o si existía una intención de utilizarlas con fines políticos.
Por ahora, la responsabilidad de las personas mencionadas está por establecerse. La evolución de los procesos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Cámara de Representantes permitirá conocer qué elementos probatorios existen y si hay fundamento para avanzar hacia decisiones judiciales o disciplinarias.