Una nueva controversia relacionada con la inteligencia estatal durante el gobierno de Gustavo Petro quedó en el centro de la atención pública luego de que Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reconociera que durante su gestión se realizaron ofrecimientos de dinero y de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con el objetivo de conseguir información de organizaciones armadas ilegales.
La declaración se produjo después de la divulgación de audios correspondientes a una reunión realizada en julio de 2025 en instalaciones de la DNI. En ese encuentro estuvo Manuel Antonio Castañeda, conocido como ‘Narcochofer’, quien habría servido como intermediario de personas relacionadas con el Clan del Golfo.
Al ser consultado por los ofrecimientos que aparecen mencionados en las grabaciones, Lemus explicó que este tipo de conversaciones hacían parte de los acercamientos utilizados para intentar obtener información.
“Esas citas siempre se dan y, obviamente, uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar; es esperando a que ellos den información, porque lo que nos interesa es la información”, señaló el exfuncionario.
Sin embargo, una de las situaciones que genera mayor controversia es que el propio Lemus reconoció que la administración o entrega de bienes pertenecientes a la SAE no estaba dentro de las funciones de la DNI.
Los audios conocidos dan cuenta de reclamos relacionados con supuestos compromisos adquiridos durante los acercamientos. Ante estas reclamaciones, Lemus habría manifestado que podía intentar gestionar el asunto directamente con la SAE.
Posteriormente, el exdirector de la DNI aseguró que esa gestión nunca se concretó y que tampoco se produjo la entrega de bienes a los intermediarios o personas relacionadas con las organizaciones armadas.
La revelación ha generado cuestionamientos sobre los métodos utilizados por las agencias de inteligencia para obtener información durante el desarrollo de la política de ‘Paz Total’, particularmente frente a los contactos mantenidos con estructuras criminales y grupos armados.
El episodio no es un asunto aislado para los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación ya había iniciado una indagación contra Lemus y otros funcionarios de la administración Petro por posibles irregularidades relacionadas con acercamientos al Clan del Golfo.
A esto se suma la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si los ofrecimientos registrados en las conversaciones pudieron constituir alguna conducta contraria a la ley.
Uno de los principales interrogantes está relacionado con la posibilidad de utilizar bienes bajo administración de la SAE como incentivo dentro de operaciones de inteligencia. Al tratarse de activos sometidos a procedimientos legales específicos, cualquier eventual gestión para su entrega tendría que contar con las competencias y autorizaciones correspondientes.
La admisión de Lemus abre así un nuevo capítulo en la controversia sobre los mecanismos utilizados por el Estado para obtener información de organizaciones armadas durante las negociaciones y acercamientos promovidos en el anterior gobierno.
Ahora las autoridades deberán establecer qué funcionarios participaron en esas conversaciones, qué ofrecimientos fueron realizados, si existieron autorizaciones para hacerlos y si alguno de los compromisos llegó a ejecutarse.
El alcance de estas actuaciones será determinado por las investigaciones en curso, mientras crece el debate sobre los límites de la inteligencia estatal y las herramientas utilizadas para conseguir información de estructuras criminales.