Una nueva controversia alrededor del manejo de la inteligencia estatal durante el gobierno de Gustavo Petro quedó sobre la mesa luego de que Jorge Lemus, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reconociera que durante su administración se realizaron ofrecimientos a fuentes vinculadas con organizaciones armadas y delincuenciales a cambio de información.
Las declaraciones de Lemus se conocieron tras la divulgación de audios de una reunión que sostuvo en julio de 2025 con Manuel Antonio Castañeda, conocido como el “Narcochofer”, quien habría servido como intermediario entre integrantes de estructuras criminales y funcionarios del Estado.
De acuerdo con el exdirector de la DNI, en este tipo de encuentros era habitual plantear posibles beneficios con el objetivo de obtener información considerada relevante para la seguridad nacional. Entre esos ofrecimientos aparecieron bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Lemus, sin embargo, aseguró que una cosa era plantear la posibilidad de gestionar un beneficio y otra muy distinta concretarlo. En su versión, nunca llegó a realizar una gestión ante la SAE y ningún bien fue entregado como consecuencia de esos acercamientos.
El exfuncionario también reconoció que no tenía dentro de sus competencias ofrecer bienes de la SAE. Ante la pregunta sobre la legalidad y alcance de este tipo de actuaciones, respondió que los ofrecimientos se realizaban como parte de los acercamientos destinados a conseguir información.
La polémica aumenta porque en los audios divulgados se hace referencia a supuestos compromisos relacionados con bienes de la SAE y con la posibilidad de frenar capturas. Lemus negó haber hablado con Augusto Rodríguez, entonces director de la Unidad Nacional de Protección, sobre esos asuntos.
Otro de los puntos que llamó la atención fue la confirmación de que la DNI efectuó pagos a fuentes de información. Lemus explicó que no se trataba de recompensas oficiales, sino de recursos entregados a informantes, entre ellos personas relacionadas con grupos guerrilleros y estructuras de delincuencia.
“Hubo pagos a fuentes”, afirmó el exdirector, quien precisó que las recompensas propiamente dichas eran manejadas por el Ejército.
Las revelaciones ponen nuevamente bajo la lupa las estrategias utilizadas por la inteligencia estatal durante la denominada Paz Total y los acercamientos con integrantes de organizaciones armadas y criminales.
El debate ahora se concentra en determinar hasta dónde podían llegar los funcionarios de inteligencia en sus negociaciones con fuentes y si los ofrecimientos mencionados en las grabaciones se ajustaron a las competencias legales de las entidades involucradas.
El caso también podría generar nuevas actuaciones de los organismos de control, que deberán establecer si existieron irregularidades en el manejo de bienes del Estado, recursos destinados a fuentes de inteligencia o eventuales compromisos adquiridos con personas vinculadas a estructuras criminales.