Un contundente golpe a las economías ilegales de varios grupos armados fue reportado por el Gobierno nacional tras una serie de operaciones desarrolladas por la Fuerza Pública en los departamentos de Putumayo y Norte de Santander.
Las acciones estuvieron dirigidas contra estructuras señaladas de mantener actividades relacionadas con el narcotráfico, entre ellas el ELN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comandos de Frontera.
De acuerdo con el balance oficial, durante los procedimientos fueron incautadas o destruidas más de 4,5 toneladas de cocaína, además de 300 kilogramos y 220 galones de base de coca.
El material retirado de las manos de estas organizaciones representaría, según las autoridades, aproximadamente 7,7 millones de dosis que no llegarían a los mercados ilegales.
El golpe también tendría un importante impacto económico para las estructuras criminales. El Gobierno estima que las operaciones afectaron sus finanzas en al menos 85 millones de dólares, al impedir la comercialización de los cargamentos de estupefacientes.
Las autoridades señalaron que el propósito de estas acciones no se limita a decomisar droga, sino a afectar las fuentes de financiación que permiten a los grupos armados adquirir armas, movilizar integrantes, mantener redes logísticas y desarrollar actividades terroristas.
Putumayo y Norte de Santander son zonas estratégicas dentro de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico debido a su ubicación y a la conexión con corredores empleados para el traslado de sustancias ilícitas.
El Gobierno destacó que atacar los recursos provenientes de la droga representa una de las principales estrategias para reducir la capacidad operativa de los grupos armados.
“Sin cocaína no hay dinero. Sin dinero no hay armas ni terrorismo. Vamos a destruirles el negocio”, fue el mensaje entregado tras conocerse el resultado de las operaciones.
La Fuerza Pública continuará con los operativos en las zonas donde se concentran cultivos ilícitos, laboratorios, centros de acopio y corredores de movilidad utilizados por las organizaciones criminales.
Con estos resultados, el Gobierno busca profundizar la ofensiva contra las economías ilegales y golpear directamente los recursos que permiten a los grupos armados mantener sus estructuras y actividades delictivas.