La situación judicial de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, podría complicarse tras conocerse detalles de una denuncia presentada ante autoridades estadounidenses que solicita investigar presuntas operaciones financieras, posibles maniobras de ocultamiento patrimonial y movimientos de dinero en el extranjero.
El documento, revelado por la revista Semana el 27 de octubre de 2026, fue presentado por la organización Misión Colombia Transparente, cuyo representante legal es el abogado Sergio Alzate. Según la publicación, el oficio está en poder de las autoridades de Estados Unidos y habría sido un elemento relevante en la decisión de suspender la visa de Roa.
La denuncia también menciona a Carlos Julián Caicedo, pareja de Roa; Joan Sebastián Caicedo, familiar de este último; Blanca Inés Durán, exconcejal de Bogotá, y otros cuatro particulares: Daniel Santiago Peña, Alexis Castro, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza.
De acuerdo con el documento citado por la revista, estas personas habrían registrado movimientos de dinero por montos elevados en cuentas del extranjero. La denuncia solicita establecer si existieron mecanismos para ocultar activos, utilizar terceros en la administración de recursos o realizar operaciones que pudieran constituir lavado de activos.
Empresas bajo la lupa de la denuncia
En el oficio también aparecen las sociedades Bull Ingeniería SAS, Cetco SAS, Dacar Lawyers e Investments SAS, señaladas por su presunta relación con las operaciones financieras que se pide investigar.
El documento plantea que algunas personas mencionadas podrían haber actuado como intermediarios, administradores, beneficiarios finales o posibles testaferros en determinadas transacciones. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos contenidos en la denuncia y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
Hasta la información publicada, no se desprende que la sola inclusión de estas personas o empresas en el documento demuestre la comisión de un delito. La eventual existencia de responsabilidades penales dependerá de los resultados de las investigaciones y de las pruebas que se recauden.
La campaña Petro de 2022, otro frente judicial
La controversia se suma a los procesos que enfrenta Roa por su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El Consejo Nacional Electoral le impuso una sanción económica superior a los 5.300 millones de pesos dentro de las actuaciones relacionadas con la financiación de esa campaña.
Por los mismos hechos, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos recientemente, según la información publicada. La imputación constituye una etapa del proceso penal y no equivale a una condena.
A ese panorama se agregó la decisión de un juez de Barrancabermeja de ordenar el embargo de cuentas bancarias del Pacto Histórico para respaldar el cobro de una deuda de 450 millones de pesos originada en un préstamo del 18 de mayo de 2022, durante la campaña electoral.
La obligación habría estado inicialmente relacionada con Roa, en su condición de gerente de campaña. Ante el incumplimiento del pago, la demandante acudió a la vía judicial y obtuvo la medida contra el partido político, de acuerdo con el reporte citado.
¿Qué puede pasar con la denuncia en Estados Unidos?
El punto central será determinar si las autoridades estadounidenses encuentran elementos suficientes para abrir o profundizar investigaciones sobre las operaciones financieras descritas en el oficio. La presentación de una denuncia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no significa, por sí sola, que exista una sanción formal ni que se haya probado lavado de activos.
La eventual incidencia del documento en las decisiones migratorias o financieras de Estados Unidos también deberá distinguirse de los procesos penales que se adelantan en Colombia.
Por ahora, los señalamientos divulgados amplían el frente de cuestionamientos que rodea a Roa, quien dirigió Ecopetrol después de haber coordinado la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. El alcance jurídico de las acusaciones dependerá de las actuaciones oficiales y de las pruebas que puedan ser acreditadas.
