Una demanda de pérdida de investidura contra el senador Enrique Gómez Martínez llegó al Consejo de Estado con un cuestionamiento central: su participación en el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027, pese a que su hermano ocupa el cargo de ministro de Hacienda.
La acción fue presentada por Ariel Ávila, quien cuestiona que Gómez hubiera participado en el debate presupuestal e incluso presentado proposiciones durante el trámite en comisiones, para después declararse impedido en la plenaria del Senado cuando se discutía el mismo proyecto.
El interrogante jurídico gira en torno a la coherencia de esa decisión: si el vínculo familiar justificaba apartarse de la discusión en plenaria, ¿por qué no habría sido necesario hacerlo también durante el debate en comisiones?
La demanda busca que se determine si esa actuación configuró una causal de pérdida de investidura, una de las sanciones más severas para un congresista, pues implica la pérdida de su condición de senador y puede generar inhabilidades para volver a ocupar cargos de elección popular, según la causal aplicable.
La controversia deberá ser evaluada por el Consejo de Estado, que tendrá que examinar las actuaciones de Gómez durante el trámite presupuestal, el alcance de su impedimento y las normas que regulan los conflictos de intereses de los congresistas.
La presentación de la demanda no significa que el senador haya perdido su investidura ni que se haya probado una irregularidad. La decisión dependerá del análisis jurídico y de las pruebas que examine el alto tribunal.
