La defensa de la esposa y la hija de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, salió al paso de las versiones que relacionan al exgobernador de La Guajira con un supuesto plan para atentar contra funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Juan Felipe Criollo, representante de la familia de Gómez Cerchar, rechazó categóricamente cualquier vínculo de su defendido con el incidente registrado en la sede de la Procuraduría en Bogotá y aseguró que las versiones que lo señalan son falsas.
A través de un comunicado de cinco puntos, la defensa sostuvo que el exgobernador no tuvo participación, conocimiento ni relación con los hechos ocurridos en el edificio de la Procuraduría.
“Manifestamos la absoluta ajenidad del señor Juan Francisco Gómez Cerchar frente a lo acontecido. Negamos de manera categórica cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación suya con tales hechos”, señaló el pronunciamiento.
El abogado también cuestionó la difusión de las versiones que relacionan a Gómez Cerchar con el episodio y aseguró que se trataría de una campaña de desprestigio que, además de afectar la honra del exmandatario, podría poner en riesgo a sus familiares.
“La divulgación irresponsable de acusaciones de esta gravedad por parte de unos medios de comunicación no solo afecta el buen nombre y la honra del señor Gómez Cerchar, sino que compromete seriamente la seguridad e integridad de todo su núcleo familiar”, indicó la defensa.
Ante esta situación, la familia pidió a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes para establecer quiénes estarían detrás de los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
La alerta de seguridad en la Corte Suprema se conoció después de una serie de situaciones que comenzaron a generar preocupación entre quienes participaron en el proceso judicial contra el exgobernador.
Uno de los antecedentes se registró el pasado 26 de agosto, cuando la procuradora judicial II Gloria Guzmán Duque acudió al despacho del magistrado José Joaquín Urbano Martínez para expresarle su “profunda preocupación” por la seguridad del magistrado y de los funcionarios judiciales que habían intervenido en el proceso.
Guzmán Duque había presentado una de las demandas de casación relacionadas con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que inicialmente había absuelto a ‘Kiko’ Gómez por uno de los homicidios por los que era procesado.
La advertencia de la procuradora se produjo en un contexto de especial sensibilidad, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara esa decisión y condenara al exgobernador de La Guajira.
Ante las preocupaciones manifestadas, el magistrado Urbano decidió poner formalmente la situación en conocimiento de la presidencia de la Sala de Casación Penal y advertir sobre los posibles riesgos que podrían derivarse de la decisión judicial.
“Considero que existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, señaló Urbano en su comunicación.
El magistrado solicitó entonces que la Dirección de Protección de la Policía Nacional conociera de manera urgente los hechos y evaluara un aumento de las medidas de seguridad para los integrantes de la Sala Penal y sus familias.
La preocupación tomó mayor dimensión tras conocerse el caso de Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador primero delegado para Casación Penal, quien intervino ante la Corte Suprema en el proceso contra Gómez Cerchar.
Según la información puesta en conocimiento del magistrado Urbano, la semana anterior había sido encontrada una bala disparada dentro del despacho de Bonilla, ubicado en el piso 26 de la sede principal de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá.
Posteriormente, el funcionario regresó a su oficina y encontró dos ventanas rotas y evidencias de dos impactos de fusil, situación que llevó a elevar el nivel de preocupación alrededor de la seguridad de quienes estuvieron vinculados al proceso.
Fue en ese contexto que el magistrado Urbano puso los hechos en conocimiento de la presidencia de la Sala Penal y pidió que se adoptaran medidas preventivas para proteger a los magistrados y sus familias.
La reacción institucional llegó desde la propia Corte Suprema. El presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis Gómez, pidió al área de seguridad de la corporación y a la Dirección de Protección de la Policía Nacional adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la protección de los magistrados.
La solicitud se produjo luego de la alerta formulada por Urbano sobre los posibles riesgos derivados de la condena contra ‘Kiko’ Gómez.
El caso tiene como antecedente la decisión adoptada el pasado 29 de abril por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que condenó por unanimidad a Gómez Cerchar a 31 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado.
La sentencia, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano, resolvió el recurso de casación y revocó la absolución que había sido dictada previamente por el Tribunal Superior de Bogotá.
A partir de esa decisión comenzaron a intensificarse las preocupaciones de seguridad entre algunos de los funcionarios que participaron en el proceso.
A esto se sumó la circulación en plataformas digitales de una versión que hacía referencia a un supuesto “poderoso asesino guajiro”, quien estaría privado de la libertad y tendría varias condenas.
Según ese contenido, dicha persona habría pedido a sus familiares abandonar cargos públicos y trasladarse a Italia, además de supuestamente ordenar el asesinato de tres personas.
Sin embargo, un aspecto fundamental de la alerta presentada por el magistrado Urbano es que en su comunicación no señaló que dicha información hubiera sido elaborada, ordenada o difundida por Gómez Cerchar. El contenido fue mencionado como uno de los elementos que contribuyeron a generar preocupación.
Por ahora, las autoridades deberán establecer el origen de los hechos ocurridos en la Procuraduría, determinar quiénes serían los responsables y establecer si existe alguna conexión entre estos incidentes y las amenazas advertidas por funcionarios de la justicia.
Mientras avanzan esas investigaciones, la defensa de la esposa y la hija de ‘Kiko’ Gómez insiste en que el exgobernador es completamente ajeno a los hechos y pidió que cualquier señalamiento en su contra sea respaldado por pruebas y no por versiones o especulaciones.