El Gobierno de Abelardo De La Espriella continúa endureciendo las medidas de seguridad en las cárceles de Barranquilla. Este jueves 3 de septiembre, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) puso en marcha un nuevo operativo de traslado de internos desde la Penitenciaría El Bosque hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país.
De acuerdo con la información conocida, 17 personas privadas de la libertad serán trasladadas durante este procedimiento, que se suma a los movimientos ejecutados durante las últimas semanas y que hacen parte de la estrategia del Gobierno para impedir que las estructuras criminales mantengan capacidad de mando desde las cárceles.
La ofensiva penitenciaria responde a una de las principales preocupaciones de las autoridades: que integrantes de organizaciones delincuenciales continúen impartiendo órdenes, coordinando extorsiones y manteniendo comunicación con sus estructuras desde el interior de los centros de reclusión.
El presidente De La Espriella ya había advertido que su Gobierno no permitiría que las cárceles se convirtieran en “zonas de confort” para quienes presuntamente continúan delinquiendo desde prisión.
El primer gran movimiento se produjo el pasado 25 de agosto, cuando 20 internos fueron trasladados desde establecimientos penitenciarios de Barranquilla hacia cárceles de Bogotá. En aquella oportunidad, el propio mandatario aseguró que la decisión había sido impartida directamente por él.
Posteriormente, el 28 de agosto, fueron trasladados otros cuatro internos desde El Bosque hacia diferentes centros penitenciarios del país.
Con el procedimiento de este jueves, ya son varios los movimientos ejecutados en un corto periodo, mientras las autoridades buscan desarticular las posibles redes de comunicación y coordinación criminal que operan desde las cárceles.
La presión sobre El Bosque aumentó después de los operativos de registro realizados por el Inpec y la Fiscalía el pasado 27 de agosto. Durante esas intervenciones fueron incautados 18 teléfonos celulares, elementos que, según las autoridades, podrían estar relacionados con actividades de extorsión.
Tensión dentro de la Penitenciaría
El nuevo traslado ocurre además en medio de un ambiente de tensión dentro de El Bosque.
En las últimas horas se han registrado protestas y enfrentamientos protagonizados por internos, en momentos en que las autoridades adelantan requisas y procedimientos de control para localizar celulares, estupefacientes y otros elementos prohibidos.
Este jueves, durante el operativo de traslado, nuevamente se reportaron enfrentamientos y personas lesionadas que tuvieron que ser llevadas a un centro asistencial cercano. La información sobre el número exacto de heridos continúa en proceso de verificación.
La situación habría estado relacionada con la inconformidad de algunos internos frente a los nuevos traslados, aunque las autoridades deberán establecer oficialmente las circunstancias que desencadenaron los enfrentamientos.
La estrategia del Gobierno
La intervención en las cárceles de Barranquilla hace parte de la política de seguridad impulsada por el Gobierno nacional, que busca cortar los canales mediante los cuales las organizaciones criminales podrían continuar operando desde los centros penitenciarios.
Las autoridades han señalado especialmente el riesgo de que estructuras dedicadas al homicidio y la extorsión mantengan contacto con sus integrantes en las calles a través de teléfonos celulares y otros mecanismos de comunicación.
Por eso, además de los traslados, se han intensificado las requisas y controles internos.
En Barranquilla, la estrategia adquiere especial relevancia debido a la presión que ejercen organizaciones criminales sobre diferentes sectores de la ciudad y su área metropolitana.
El Gobierno considera que sacar de determinados establecimientos a internos considerados de alto interés para las autoridades puede dificultar sus comunicaciones y reducir su capacidad para influir sobre las estructuras que permanecen activas en las calles.
Por ahora, el operativo de este jueves continúa bajo control del Inpec y los 17 internos serán distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país.
El movimiento también deja claro que la administración De La Espriella mantiene su decisión de intervenir los centros de reclusión que considere estratégicos para combatir el crimen organizado y evitar que las cárceles sigan siendo utilizadas, según las autoridades, como centros de coordinación de actividades delictivas.