El Banco de la República advirtió ante la Corte Constitucional que todavía no está listo todo el marco normativo y operativo necesario para poner en marcha el nuevo sistema pensional, cuya entrada en vigencia está prevista para el primero de abril de 2027.
En un documento remitido al alto tribunal, el Emisor señaló que ha tenido que adelantar el proceso de preparación “con una alta incertidumbre”, debido a que aún están pendientes varios decretos y definiciones indispensables para comenzar a administrar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC).
La advertencia llega mientras la Corte analiza precisamente las condiciones existentes para determinar si el cronograma previsto resulta suficiente o si debe modificarse.
Faltan reglas clave para el fondo
Según el Banco de la República, todavía no se ha expedido la totalidad de las normas necesarias para que pueda asumir adecuadamente la administración del FAPC.
Entre los asuntos pendientes están el régimen de inversiones del fondo y el decreto que establecerá las reglas aplicables durante la etapa de desacumulación.
El fondo será uno de los componentes centrales del nuevo modelo pensional y estará bajo administración del Banco de la República.
Aunque durante 2025 se expidieron decretos relacionados con la reglamentación de la reforma, el Emisor sostiene que algunos de esos instrumentos deben ser ajustados o complementados a raíz de las decisiones adoptadas posteriormente por la Corte Constitucional.
El problema no es solamente jurídico
La advertencia del Banco va más allá de la expedición de decretos.
La entidad explicó que todavía debe avanzar en la definición y aprobación de las políticas de inversión, la firma del contrato interadministrativo con el Ministerio de Hacienda, la selección de los integrantes expertos del Comité Directivo del FAPC y la posterior contratación de los gestores que administrarán los portafolios.
También están pendientes desarrollos tecnológicos y procedimientos internos necesarios para que el fondo pueda operar.
El Banco explicó que sin la firma del contrato interadministrativo no puede iniciar algunos de los procesos contractuales y de selección indispensables para la administración del fondo.
Abril de 2027, bajo presión
La Corte Constitucional estableció que las normas de la reforma que fueron declaradas exequibles comenzarán a regir el 1 de abril de 2027. Sin embargo, dejó condicionada la vigencia de algunas disposiciones a que la Cámara de Representantes subsane los problemas de trámite identificados.
Precisamente allí aparece una de las principales dificultades advertidas por el Banco: no existe certeza absoluta sobre cuándo estarán completamente definidas todas las normas que necesita para preparar el nuevo esquema.
El Emisor sostiene que requiere diferenciar claramente entre la fecha en que entra nuevamente en vigencia la Ley 2381 de 2024 y la fecha efectiva de entrada en operación del nuevo sistema pensional.
¿Está listo Colombia para el nuevo sistema?
La advertencia plantea un interrogante de fondo: ¿alcanzarán los meses que quedan hasta abril de 2027 para completar toda la arquitectura jurídica, contractual, tecnológica y financiera que requiere la reforma?
El propio Banco de la República señala que los cronogramas internos han tenido que modificarse a medida que se expide la reglamentación y que la incertidumbre relacionada con los artículos que todavía deben ser subsanados puede generar nuevos retrasos.
La discusión adquiere especial relevancia porque no se trata únicamente de cambiar unas reglas sobre pensiones. El nuevo modelo implica modificar la manera en que se reciben, distribuyen, administran e invierten importantes recursos provenientes de las cotizaciones de millones de trabajadores.
Por ahora, la fecha oficial continúa siendo el 1 de abril de 2027, pero el concepto enviado por el Banco de la República pone sobre la mesa la posibilidad de que el calendario de implementación tenga que ser revisado si no se completan oportunamente las condiciones necesarias.
La decisión final estará en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar si el plazo previsto permite garantizar una implementación adecuada del nuevo sistema.