La plenaria fue citada para el 27 y 28 de octubre, mientras el plazo ordenado por la Corte Constitucional vence el día 30. Entre el Presupuesto de 2027, las proposiciones pendientes y la solicitud de una prórroga que no habría recibido respuesta, el Congreso enfrenta una carrera contra el calendario.
En Colombia, las reformas pueden tardar meses en cocinarse, pasar por debates, comisiones, plenarias, conciliaciones y discursos de toda clase. Pero cuando la Corte Constitucional pone una fecha límite, el calendario legislativo adquiere de repente una importancia extraordinaria. Las manecillas del reloj empiezan a sonar más duro que los micrófonos del Capitolio.
Eso es lo que ocurre con la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. La Cámara de Representantes tiene hasta el próximo 30 de octubre para subsanar los aspectos cuestionados por la Corte Constitucional, pero la discusión en plenaria apenas fue programada para los días 27 y 28 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde.
En otras palabras, el Congreso tiene cuatro días para resolver un asunto que lleva semanas esperando trámite. Y como la política colombiana rara vez desperdicia la oportunidad de convertir un procedimiento legislativo en una novela por entregas, la pregunta ya no es solamente qué van a corregir los representantes, sino si lograrán hacerlo dentro del plazo establecido.
La Corte dio la orden en septiembre y octubre llegó con afán
La decisión de la Corte Constitucional se conoció el 17 de septiembre. El alto tribunal concedió un plazo de 30 días para que la Cámara corrigiera los aspectos señalados en el trámite de la reforma pensional.
Desde entonces, el reloj comenzó a correr. Sin embargo, la plenaria encargada de discutir las modificaciones quedó programada para el 27 y 28 de octubre, cuando el vencimiento del plazo ya está prácticamente encima.
La escena tiene su propia dosis de ironía: una reforma que pretende organizar asuntos relacionados con la jubilación de millones de colombianos termina sometida a una prueba contrarreloj en el Congreso. Los ciudadanos pasan años cotizando para alcanzar una pensión y los legisladores disponen de unos pocos días para resolver el trámite que les ordenó revisar la justicia constitucional.
El sarcasmo aparece casi solo. Si el tiempo fuera una cotización, la Cámara estaría intentando completar las semanas que le faltan justo antes de llegar a la edad de retiro.
Pero detrás de la broma existe un asunto jurídico concreto. La orden de la Corte debe cumplirse en los términos establecidos por el tribunal, y el calendario de la plenaria deja poco margen para nuevas demoras.
La Cámara pidió más tiempo. La respuesta, por ahora, no aparece
Ante la proximidad del vencimiento, la mesa directiva de la Cámara solicitó a la Corte Constitucional una ampliación de otros 30 días.
Según la información conocida sobre el trámite, los magistrados no habían respondido a esa petición, de acuerdo con fuentes citadas por Semana.
La Cámara argumentó que durante el mismo periodo debía tramitar el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo calendario está sujeto a reglas constitucionales que el Congreso no puede modificar a voluntad.
En la comunicación enviada al alto tribunal, la corporación sostuvo que la prórroga no alteraría el contenido de la sentencia y que permitiría asegurar que el remedio judicial produjera el resultado constitucional esperado.
El argumento abre una discusión legítima sobre la carga de trabajo legislativo y la necesidad de cumplir los plazos judiciales. Sin embargo, también deja una pregunta inevitable: ¿por qué la discusión llega a una situación de tanta presión temporal si la orden fue conocida desde septiembre?
La respuesta no puede darse por sentada sin conocer todos los antecedentes del trámite. Lo verificable es que la Cámara debe atender dos asuntos de gran importancia institucional y que la programación de la reforma pensional quedó concentrada en los últimos días del plazo.
En el Congreso, aparentemente, hasta los días necesitan una conciliación.
Los artículos que entran en la discusión
La plenaria deberá revisar las modificaciones propuestas por los representantes Armando Zabaraín, Jennifer Pedraza y Víctor Manuel Salcedo.
Entre los puntos señalados están los artículos 14, 36 y 93 de la reforma pensional, además de una disposición nueva. El alcance definitivo de los ajustes dependerá de lo que se discuta y apruebe durante las sesiones.
Por ahora, no existe una decisión final de la plenaria sobre esas correcciones. Tampoco puede darse por hecho que todas las propuestas serán aprobadas o que el trámite quedará concluido antes del vencimiento.
Aquí conviene hacer una precisión: subsanar las disposiciones cuestionadas requiere cumplir las indicaciones de la Corte. La discusión parlamentaria debe desarrollarse dentro de ese marco, sin que la premura del calendario sustituya el examen jurídico de los cambios.
Porque una cosa es levantar la mano a toda velocidad y otra, bastante más exigente, es dejar una norma ajustada a la Constitución.
El Presupuesto también reclama su espacio
La Cámara sostiene que el trámite del Presupuesto General de 2027 coincidió con el plazo para corregir la reforma pensional. Esa carga legislativa forma parte de su explicación para solicitar más tiempo.
El presupuesto define la distribución de los recursos públicos y exige deliberaciones que tampoco pueden resolverse a la ligera. Por eso, la corporación enfrenta una dificultad real de programación: atender la orden de la Corte y cumplir, al mismo tiempo, con las obligaciones constitucionales del calendario presupuestal.
La cuestión está en cómo se organizaron las prioridades y cuánto margen quedó para responder a la decisión judicial.
En cualquier oficina, dejar una tarea para los últimos días suele terminar en café, reuniones urgentes y llamadas a última hora. En el Congreso, el problema tiene otra dimensión: las decisiones pueden afectar la validez de una norma que involucra derechos y expectativas de millones de personas.
Y el café parlamentario, por más cargado que venga, no reemplaza el cumplimiento de una sentencia.
Una reforma que sigue pendiente de un trámite decisivo
La reforma pensional promovida por el Gobierno de Gustavo Petro ha sido objeto de una discusión política intensa por sus efectos sobre el sistema de jubilación colombiano. Ahora, el debate inmediato se concentra en las correcciones que debe efectuar la Cámara tras los reparos de la Corte Constitucional.
El desenlace dependerá de lo que ocurra en las sesiones del 27 y 28 de octubre, del contenido de las decisiones adoptadas y del cumplimiento de la orden judicial dentro del plazo previsto.
Si la Cámara logra completar las correcciones a tiempo, habrá atendido el requerimiento dentro del calendario fijado. Si no lo consigue, será necesario conocer las consecuencias jurídicas que correspondan y cualquier determinación posterior de la Corte. Sin una decisión oficial, no es posible anticipar cuál será el escenario.
Lo que sí queda expuesto es la tensión entre la agenda política del Congreso y los tiempos de la justicia constitucional. Una orden judicial tiene efectos concretos y exige respuestas oportunas, incluso cuando coincide con otras obligaciones legislativas.
La pensión de los colombianos no debería depender del último minuto
La ironía de este episodio está en que el debate gira alrededor de una reforma destinada a regular la protección económica durante la vejez, mientras su trámite correctivo entra en una carrera de apenas unos días.
Los congresistas tendrán que discutir, argumentar y votar. La Corte tendrá que evaluar el cumplimiento de su decisión en el marco de sus competencias. Y los ciudadanos tendrán que esperar a que las instituciones resuelvan el asunto sin convertir la incertidumbre en una costumbre.
Al final, la pregunta que queda en el aire es sencilla: si desde septiembre existía un plazo para corregir la reforma, ¿por qué la discusión terminó concentrada en los últimos días de octubre?
La respuesta corresponde a quienes administran el calendario legislativo y deben explicar cómo se llegó a esta situación.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. En el Capitolio, cuatro días pueden parecer suficientes para convocar una plenaria, presentar proposiciones y abrir el debate. Para despejar las dudas jurídicas de una reforma pensional, cada decisión tendrá que estar bien sustentada.
Porque en Colombia la jubilación puede estar a años de distancia para un trabajador, pero el vencimiento de un plazo judicial puede llegar antes de que termine la semana.
