La captura o neutralización de los principales cabecillas de los grupos armados volvió a ocupar un lugar central en la política de seguridad de Colombia. Sin embargo, un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que perseguir a los llamados Objetivos de Alto Valor puede generar resultados importantes, pero no garantiza por sí solo el debilitamiento permanente de las estructuras criminales.
La estrategia hace parte de una de las principales apuestas del presidente Abelardo De La Espriella para sus primeros 90 días de Gobierno: lograr la captura o neutralización de diez cabecillas de organizaciones armadas.
La administración ya ha reportado algunos resultados. Entre ellos se encuentran la muerte de alias ‘El Ruso’, señalado como cabecilla del Frente 28 de la disidencia del Estado Mayor Central; la captura de alias ‘Bonito’, identificado como segundo cabecilla de los Comandos de la Frontera, y la captura de alias ‘Chuzo’, señalado como comandante del Frente Jorge Iván Arboleda del Ejército Gaitanista de Colombia, EGC o Clan del Golfo.
Pero para la FIP, el verdadero desafío no está únicamente en cuántos líderes sean capturados o dados de baja, sino en qué tanto esas operaciones logren afectar las capacidades que permiten a las organizaciones armadas mantenerse, expandirse y ejercer control sobre los territorios.
El investigador asociado de la FIP Gerson Arias sostiene que neutralizar a los cabecillas puede abrir oportunidades para debilitar a las estructuras criminales, pero advierte que la experiencia de los últimos años demuestra que esta herramienta, utilizada de manera aislada, tiene efectos cada vez más limitados.
La llamada estrategia de ‘decapitación’ no es nueva en Colombia. Durante las últimas tres décadas, el Estado ha utilizado la persecución de los principales líderes de las organizaciones armadas como una de sus herramientas para reducir su capacidad operativa.
Uno de los antecedentes más importantes fue la persecución de la cúpula de las FARC, especialmente después del fracaso de las negociaciones del Caguán y del proceso de recuperación del control territorial emprendido por la Fuerza Pública.
En ese contexto se desarrollaron operaciones como el Plan Cancerbero, entre 2002 y 2004, destinado a integrar capacidades de inteligencia militar y policial para perseguir a los principales dirigentes de las guerrillas.
Posteriormente, la creación y fortalecimiento de estructuras especializadas de operaciones conjuntas permitió consolidar las capacidades para localizar y golpear objetivos considerados estratégicos.
Desde 2011, además, los Comités de Revisión Estratégica e Innovación formalizaron diferentes categorías de objetivos militares de alto valor, de acuerdo con su importancia estratégica, nacional o regional.
La persecución de los máximos dirigentes de las FARC sí tuvo efectos relevantes sobre la organización. Los golpes contra su Secretariado afectaron la cohesión interna, redujeron capacidades y contribuyeron a crear condiciones que posteriormente facilitaron el camino hacia la negociación.
Sin embargo, la evolución de los grupos armados actuales plantea un escenario diferente.
Uno de los ejemplos más evidentes es el Clan del Golfo. Durante años, diferentes operaciones de la Fuerza Pública han golpeado a sus principales dirigentes. Entre los líderes históricos neutralizados se encuentran alias ‘Don Mario’, ‘Giovanni’ y ‘Otoniel’.
A estos golpes se sumaron operaciones contra otros integrantes de alto nivel como ‘Guagua’, ‘Pablito’, ‘Culo e’ Toro’, ‘Gavilán’, ‘Inglaterra’ y ‘Nicolás’, además de ‘Pueblo’, ‘Marihuano’ y ‘Matamba’.
Los golpes continuaron posteriormente contra otros cabecillas, entre ellos ‘Pirata’, ‘Zeus’, ‘07’, ‘Terror’ y ‘Chirimoya’.
Pese a esa sucesión de operaciones contra su dirigencia, el Clan del Golfo no desapareció. Por el contrario, la organización logró reorganizarse y continuar expandiendo su presencia en diferentes territorios.
Una situación similar se ha observado en las disidencias de las FARC.
Alias ‘Guacho’, ‘Rodrigo Cadete’, ‘Contador’, ‘Cabuyo’ y ‘Mayimbú’ fueron neutralizados, mientras que durante el gobierno anterior también fueron reportados golpes contra ‘Cholinga’, ‘Duver el Paisa’, ‘Libardo González’, ‘Ramiro’, ‘Firu’ y ‘Marlon’.
Las muertes de ‘Gentil Duarte’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’ tampoco significaron el final de las estructuras armadas con las que estaban relacionados.
La explicación, según el análisis, está en la transformación de las organizaciones criminales y armadas.
Los grupos actuales no necesariamente operan como estructuras piramidales en las que todo el poder depende de un único jefe. En muchos casos, sus capacidades están distribuidas entre diferentes mandos, redes logísticas, economías ilegales y estructuras territoriales.
Esto les permite reemplazar con relativa rapidez a los líderes que son capturados o neutralizados.
Por eso, la FIP considera que el objetivo de una operación no debería limitarse a eliminar o capturar a una persona, sino a afectar las capacidades críticas que esa persona representa dentro de la organización.
Es decir, un verdadero Objetivo de Alto Valor no necesariamente tiene que ser el cabecilla más conocido, sino aquel individuo que concentre capacidades fundamentales para mantener funcionando la estructura criminal, ya sean económicas, logísticas, políticas, territoriales o incluso relacionadas con la innovación tecnológica.
El riesgo de que los golpes generen más violencia
La persecución de las cúpulas también puede producir efectos inesperados.
Cuando un líder es eliminado o capturado, puede generarse un vacío de poder que desencadene disputas entre los mandos que buscan ocupar su lugar.
En determinados territorios, estas disputas pueden terminar en fragmentaciones internas y enfrentamientos por el control de las economías ilegales y las comunidades.
La FIP advierte que este escenario adquiere mayor relevancia en un país donde ya existen múltiples focos de disputa territorial entre organizaciones armadas.
Además, el relevo de un cabecilla puede romper acuerdos u órdenes locales que, aunque establecidos por estructuras ilegales, en algunos territorios habían servido para contener determinados niveles de violencia.
Por ello, una operación exitosa desde el punto de vista militar puede terminar generando un incremento de homicidios, desplazamientos o enfrentamientos si no existe una respuesta estatal posterior.
Quince de 19 objetivos seguían al mando
El análisis de la FIP también pone sobre la mesa un dato que refleja la dificultad de esta estrategia.
De los 19 objetivos de alto valor identificados por la Fuerza Pública a comienzos de 2022, 15 continuaban al frente de sus respectivas organizaciones cuatro años después.
Entre los nombres mencionados aparecen cabecillas de las disidencias como ‘Iván Mordisco’, ‘Iván Márquez’, ‘Jhon Mechas’, ‘Richard’, ‘Calarcá’ y ‘Allende’.
También figuran dirigentes del ELN como ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’, ‘Pablito’, ‘Pirri o Manolo’, ‘Martha’ o ‘La Abuela’, ‘Carlos El Puerco’ y ‘El Rolo’.
En el caso del Clan del Golfo aparece alias ‘Chiquito Malo’.
Para la FIP, estas cifras demuestran que mantener una presión permanente sobre las cúpulas sigue siendo necesario, pero también que la estrategia requiere herramientas adicionales.
La organización considera fundamental fortalecer las capacidades de inteligencia, movilidad y despliegue de la Fuerza Pública, así como mejorar la coordinación entre militares, Policía, Fiscalía y autoridades territoriales.
También plantea la necesidad de atacar las fuentes de financiación de las organizaciones armadas y comprender mejor la interacción entre sus economías ilegales y los circuitos económicos legales de los territorios donde operan.
Otro desafío está relacionado con el uso de drones por parte de grupos armados, una capacidad que ha comenzado a transformar la dinámica de las operaciones y que obliga a fortalecer las herramientas de detección y respuesta.
Pero uno de los puntos centrales del análisis es la recuperación del control territorial.
Para la FIP, capturar a un jefe no sirve de manera sostenible si el Estado no logra posteriormente garantizar seguridad, justicia, servicios y presencia institucional en las zonas donde operaba la organización.
La seguridad no parte de cero
El análisis también plantea una precisión sobre el punto de partida del nuevo Gobierno.
Aunque la FIP cuestiona los resultados de la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro y de su estrategia de Paz Total, señala que la Fuerza Pública venía incrementando su iniciativa operacional desde 2024.
Entre julio de 2024 y julio de 2025, los combates iniciados por la Fuerza Pública aumentaron 111 %, según los datos citados por la organización.
Además, los bombardeos fueron reactivados en diciembre de 2025 y, hasta el final de la administración anterior, se realizaron 24 operaciones de este tipo.
Para la FIP, esto significa que el Gobierno de De La Espriella no parte completamente de cero y que algunas capacidades ya venían siendo fortalecidas.
El desafío consiste ahora en convertir esa mayor presión operacional en una estrategia de seguridad de largo plazo.
La Fundación plantea cuatro objetivos fundamentales: proteger a los ciudadanos, contener la expansión territorial de los grupos armados, ejercer presión militar, policial y judicial sobre esas organizaciones y generar condiciones para eventuales procesos de sometimiento dentro de un marco jurídico.
A esto se suma un elemento que, según el análisis, resulta indispensable: entender la seguridad como una política de Estado y no únicamente como una sucesión de operaciones contra determinados cabecillas.
Las dificultades estructurales continúan siendo enormes. En numerosas regiones persisten problemas de acceso a bienes y servicios, mientras las organizaciones armadas mantienen capacidad para controlar territorios, ejercer presión sobre las comunidades, reclutar nuevos integrantes y reciclar estructuras criminales.
Por eso, la conclusión del análisis es clara: golpear a las cúpulas puede ser necesario, pero no suficiente.
La efectividad de la estrategia de Objetivos de Alto Valor dependerá finalmente de que cada captura o neutralización produzca un impacto real sobre las redes económicas, logísticas, territoriales y operativas de las organizaciones.
En otras palabras, el reto para el Gobierno no será simplemente derribar o capturar diez cabecillas en 90 días, sino conseguir que esos golpes se traduzcan en menos control criminal, menos violencia y mayor presencia efectiva del Estado en los territorios.