Una nueva denuncia presentada ante autoridades de Estados Unidos volvió a poner bajo la lupa al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por presuntos pagos irregulares relacionados con contratos de obra pública ejecutados en la ciudad.
El documento habría sido presentado el pasado 13 de agosto de 2026 ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), oficina adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por el empresario Luis Enrique Guzmán Chams, representante legal y accionista de GPS Construcciones del Caribe S.A.S.
Según el contenido de la denuncia, Guzmán Chams señaló un supuesto pago de $300 millones realizado en 2018 y que, de acuerdo con su relato, habría tenido como destinatario al hoy alcalde de Barranquilla. El señalamiento estaría relacionado con un contrato para obras en la cárcel El Bosque.
La versión también plantea interrogantes sobre un posible manejo de recursos a través de Serfinanza, entidad financiera perteneciente al Grupo Char, que Guzmán Chams menciona por sus vínculos con el sistema financiero estadounidense.
Es importante precisar que se trata de señalamientos contenidos en una denuncia, no de hechos judicialmente comprobados. La presentación ante FinCEN tampoco equivale a una decisión judicial ni determina responsabilidad penal.
El nombre de Guzmán Chams ya había aparecido en investigaciones y denuncias relacionadas con contratos públicos de Barranquilla. En particular, desde 2020 ha entregado información a las autoridades colombianas sobre presuntas irregularidades alrededor del denominado megatanque de agua.
Ese proyecto, que inicialmente tuvo un contrato por una cifra inferior, terminó superando los $36.000 millones con adiciones. Guzmán Chams ha sostenido ante la justicia que en ese proceso habría sido obligado a entregar $2.300 millones en supuestas coimas. Esos señalamientos han sido objeto de investigaciones y han sido reseñados anteriormente por medios nacionales.
La denuncia más reciente ante Estados Unidos amplía ahora el escenario de las acusaciones y pone el foco sobre otro contrato: las obras realizadas en la cárcel El Bosque, adjudicadas durante una urgencia manifiesta en 2017 a GPS Construcciones del Caribe por aproximadamente $1.658 millones, según la información entregada por el denunciante.
Guzmán Chams afirma que desde hace varios años viene ofreciendo información y elementos probatorios a las autoridades colombianas y que continúa dispuesto a entregar documentación adicional.
La actuación ante FinCEN adquiere relevancia porque esta oficina del Departamento del Tesoro estadounidense tiene entre sus funciones analizar información relacionada con posibles operaciones de lavado de activos y otras actividades financieras ilícitas. Sus actuaciones no constituyen por sí mismas una acusación penal contra una persona.
El caso del megatanque ya había generado actuaciones de organismos de control. La Procuraduría, por ejemplo, abrió una indagación preliminar en 2020 a partir de las denuncias de Guzmán Chams y ordenó recopilar información contractual y escuchar a varios de los involucrados.
Asimismo, medios nacionales han documentado durante los últimos años los señalamientos de Guzmán Chams y las investigaciones relacionadas con el megatanque.
La nueva denuncia, de confirmarse su radicación y contenido, podría abrir un nuevo capítulo en un expediente que durante años ha generado cuestionamientos sobre la contratación pública en Barranquilla.
Por ahora, los señalamientos contra Alejandro Char deben ser entendidos como denuncias pendientes de verificación por parte de las autoridades competentes. No existe en la información disponible una decisión judicial que establezca que el alcalde haya recibido el supuesto soborno de $300 millones ni que haya participado en operaciones de lavado de activos relacionadas con Serfinanza.