Para no olvidar: Audio de Emilio Tapia reveló que madre de Karen Abudinen pidió el 7 por ciento del billón de pesos que costaba el contrato con MinTic.

Un nuevo capítulo del escándalo de Centros Poblados volvió a generar controversia alrededor de la familia de la exministra de las TIC Karen Abudinen, luego de que salieran a la luz grabaciones en las que el condenado contratista Emilio Tapia menciona a la madre de la exfuncionaria y habla de una supuesta solicitud del 7 % de un millonario negocio.

Las grabaciones fueron reveladas por el periodista Daniel Coronell en W Radio y corresponden a conversaciones privadas de Tapia relacionadas con la estructura que se habría conformado alrededor del cuestionado contrato del Ministerio de las TIC. El Espectador reportó en su momento el contenido de los audios y señaló que las conversaciones se habrían producido en 2020.

En uno de los fragmentos, Tapia relata que un socio le comentó que estaba siendo contactado por la madre de la entonces ministra. Según su versión, la mujer buscaba reunirse para “organizar el tema” y posteriormente habría solicitado un porcentaje del negocio.

“¿Y sabe cuánto le pidió? 7 por ciento”, se escucha en la grabación divulgada por Coronell.

De acuerdo con lo publicado sobre esos audios, ese 7 % equivaldría a $70.000 millones, tomando como referencia un contrato cercano al billón de pesos. Sin embargo, se trata de un señalamiento realizado por Tapia en una conversación y no de una conclusión judicial que establezca que la mujer haya recibido o exigido efectivamente ese dinero.

La madre de Abudinen falleció en 2021

La persona mencionada en las grabaciones es Joussette Abuchaibe Slebi, madre de Karen Abudinen, quien falleció en mayo de 2021 a causa de complicaciones asociadas al covid-19.

Las conversaciones citadas por Tapia se habrían producido en 2020, antes de que el escándalo de Centros Poblados estallara públicamente.

El caso involucró un contrato del Ministerio de las TIC para llevar conectividad a zonas rurales del país. La Unión Temporal Centros Poblados recibió un anticipo de $70.000 millones, pero posteriormente se conocieron irregularidades relacionadas con garantías y documentos utilizados para obtener la contratación.

La Fiscalía ha sostenido que varios de los involucrados participaron en maniobras fraudulentas para obtener el contrato, mientras que diferentes procesos judiciales han avanzado contra personas relacionadas con el escándalo.

Karen Abudinen rechazó los señalamientos contra su madre

Los señalamientos de Tapia generaron una fuerte reacción de Karen Abudinen, quien defendió públicamente a su madre y cuestionó las afirmaciones del contratista.

La exministra ha sostenido además su propia versión sobre el escándalo y ha rechazado las acusaciones que intentaron vincularla con las irregularidades de Centros Poblados.

De hecho, en 2024 la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria contra Abudinen después de concluir que no tenía responsabilidad en la verificación del contrato, pues esas funciones habían sido delegadas previamente a una funcionaria subordinada.

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¿Qué pasó con los $70.000 millones?

El dinero entregado como anticipo se convirtió en uno de los principales interrogantes del escándalo. La investigación ha buscado establecer el destino de los recursos y la responsabilidad de quienes participaron en la operación.

En diciembre de 2025, la Fiscalía informó sobre medidas cautelares contra 23 bienes que estarían relacionados con presuntos responsables del desvío de cerca de $70.000 millones.

Además, el caso ha dejado condenas y procesos judiciales contra varios de sus protagonistas. En junio de 2026, por ejemplo, se conoció una nueva condena contra una persona señalada de prestar sus empresas para la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados.

Los audios de Emilio Tapia vuelven así a poner el foco sobre las relaciones y conversaciones que rodearon la millonaria contratación. No obstante, cualquier señalamiento contenido en las grabaciones deberá ser contrastado por las autoridades y no puede presentarse como una responsabilidad penal comprobada de las personas mencionadas.

Economía y Finanzas

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