El diagnóstico presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella sobre el estado de las entidades públicas comienza a revelar cifras que prometen generar una fuerte controversia. Uno de los capítulos más llamativos está relacionado con la Cancillería, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, advierte sobre una estructura de contratación que, según el informe, supera incluso el número de funcionarios que hacen parte de la planta oficial.
El documento, denominado ‘El libro de la verdad’ y entregado a la Fiscalía, señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con 712 cargos de planta, mientras mantiene aproximadamente 764 contratos de prestación de servicios.
Para Bula, esta situación configura una “nómina paralela” que resulta atípica para la estructura histórica de la Cancillería.
El informe también pone la lupa sobre la expansión de la red diplomática durante el Gobierno anterior. De acuerdo con el diagnóstico, en los últimos años se abrieron 11 embajadas y 10 consulados, llevando la red a 79 embajadas y 126 consulados y secciones consulares.
El problema, según el nuevo Gobierno, es que el crecimiento de esa infraestructura no habría estado acompañado de los recursos suficientes para garantizar su funcionamiento.
El Fondo Rotatorio del Ministerio registraría un déficit de funcionamiento de $168.425 millones para lo que resta de 2026, después de un traslado interno de $45.034 millones que redujo un déficit inicial de $213.460 millones.
El documento advierte que, sin una adición presupuestal de $56.164 millones solicitada al Ministerio de Hacienda, la Cancillería podría quedarse sin capacidad financiera para sostener desde agosto los arrendamientos y la operación de varias embajadas y consulados.
La conclusión del informe es contundente: se habrían creado nuevas sedes diplomáticas sin garantizar previamente los recursos necesarios para mantenerlas.
A esto se suma otro capítulo que genera cuestionamientos: las denominadas Casas Colombia, espacios temporales destinados a eventos y operaciones con una duración aproximada de entre 90 y 120 días.
Según el informe, estos proyectos habrían recibido más de $8.500 millones, recursos girados directamente a cuentas consulares bajo la figura de proyectos de inversión social y utilizados para contratar operadores, personal temporal, arrendamientos, logística y servicios de catering.
El documento relaciona gastos como los de Santiago de Chile y Nueva York, con USD 400.000 cada uno; Aruba, con USD 341.436; Montreal, USD 380.869; Miami, USD 300.000; Toronto, USD 279.287, y Berlín, EUR 216.500.
Para el canciller, el cuestionamiento no se limita al monto de los recursos utilizados, sino a las prioridades establecidas. El informe contrasta el gasto en sedes temporales con las dificultades presupuestales que, según el diagnóstico, enfrentan consulados permanentes que requieren personal e infraestructura.
Pasaportes por más de $1,3 billones también están bajo la lupa
Otro de los asuntos señalados en el informe está relacionado con el sistema de expedición de pasaportes y cédulas de extranjería.
Según el documento, los contratos asociados a estos servicios superan los $1,3 billones, tienen vigencia hasta 2036 y actualmente enfrentan tres procesos judiciales: dos demandas de nulidad relacionadas con controversias contractuales y una acción popular.
Una de estas actuaciones, según el informe, se encuentra pendiente de una decisión sobre una medida cautelar de suspensión.
El Gobierno advierte que cualquier eventual interrupción en este servicio tendría un impacto directo sobre millones de ciudadanos, debido a que la expedición de documentos de identificación y viaje constituye un servicio esencial.
Migración Colombia también aparece entre las alertas
El diagnóstico presentado por el canciller Omar Bula también dedica un capítulo a Migración Colombia.
Según las cifras incluidas en el informe, la entidad registró 10.903.500 movimientos migratorios entre enero y junio de 2026 y alcanzó una ejecución presupuestal del 51,34 %.
Pero el documento advierte además sobre presuntas inconsistencias en el inventario de bienes y elementos de seguridad.
Entre los hallazgos mencionados aparecen 70 vehículos sin información sobre procesos de baja y más de 130 armas declaradas inservibles que continúan registradas en los libros, sin que se conozca su ubicación, de acuerdo con el diagnóstico.
Las auditorías internas también habrían identificado riesgos de suplantación durante los procesos de enrolamiento biométrico y registros duplicados en la plataforma utilizada para respaldar decisiones relacionadas con ingreso, permanencia y deportación de extranjeros.
El informe presentado por el Gobierno de De La Espriella plantea así un panorama complejo para la Cancillería: una estructura de contratación que supera la planta oficial, un déficit millonario para mantener la operación diplomática, cuestionamientos sobre el gasto en sedes temporales, controversias judiciales alrededor del sistema de pasaportes y alertas sobre inventarios y sistemas de información de Migración Colombia.
Bula sostiene que la solución no pasa únicamente por hacer nuevos anuncios, sino por revisar integralmente el funcionamiento del Ministerio.
“Este Ministerio no se reconstruye con declaraciones”, plantea el canciller en el documento, al señalar que será necesario evaluar el funcionamiento de cada embajada y consulado, cerrar el déficit del Fondo Rotatorio, revisar el modelo de pasaportes, fortalecer el servicio exterior y recuperar relaciones estratégicas para el país.
El Gobierno deberá ahora convertir estos hallazgos en acciones concretas y determinar si las situaciones descritas corresponden a problemas administrativos, decisiones de política pública o eventuales irregularidades que deban ser investigadas por los organismos de control y la justicia.