Alerta por el agua en Colombia: 506 municipios recibieron líquido no apto para el consumo humano

El panorama sanitario preocupa: tres municipios registraron agua inviable para el consumo humano, mientras que 19 llevan cinco años consecutivos con niveles de riesgo alto o inviable. En las zonas rurales la situación es más delicada y cientos de municipios ni siquiera tienen mediciones.

El acceso al agua potable sigue siendo una deuda para cientos de municipios colombianos. Un balance del Instituto Nacional de Salud (INS), correspondiente a 2024, revela que 506 de los 1.006 municipios que estuvieron bajo vigilancia recibieron agua con algún nivel de riesgo para el consumo humano.

Las cifras muestran que en 250 municipios el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) se ubicó en niveles medio, alto o inviable sanitariamente. Los casos más críticos se registraron en Zaragoza, Antioquia; San Benito, Santander, y Tadó, Chocó, donde el líquido fue calificado como inviable sanitariamente.

La información también evidencia problemas persistentes en el seguimiento de la calidad del agua. De acuerdo con los registros, 89 municipios que habían reportado resultados en mediciones anteriores, desde 2007, dejaron de hacerlo en 2024.

Chocó, uno de los departamentos más afectados

La falta de vigilancia representa otro motivo de preocupación. En Chocó, de los 24 municipios que han tenido seguimiento, solamente cuatro registraron mediciones de calidad del agua durante 2024.

La situación también afecta a Nariño, con 19 municipios sin datos, y Cauca, con nueve.

Esto significa que en diferentes territorios las autoridades tampoco cuentan con información suficiente para establecer las condiciones reales del agua que llega a las comunidades.

19 municipios acumulan cinco años con agua de alto riesgo

El seguimiento histórico del INS identificó 19 municipios que registraron niveles de riesgo alto o inviable sanitariamente durante todos los años comprendidos entre 2020 y 2024.

Uno de los casos más preocupantes es Zaragoza, Antioquia, cuyo indicador pasó de 47,4 en 2020 a 96,5 en 2024, ubicándose en la categoría de agua inviable sanitariamente.

También aparecen municipios de Bolívar, Cesar, Tolima, Meta, Nariño, La Guajira, Sucre, Antioquia y Boyacá.

Entre los registros más preocupantes están:

  • Zaragoza, Antioquia: 96,5 en 2024.

  • Bosconia, Cesar: 77,2.

  • Suárez, Tolima: 76,1.

  • Hatillo de Loba, Bolívar: 74,2.

  • Margarita, Bolívar: 74,1.

  • Astrea, Cesar: 72,0.

  • Roncesvalles, Tolima: 65,8.

  • Cubarral, Meta: 64,8.

El problema es más grave en las zonas rurales

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El panorama presenta mayores dificultades fuera de las cabeceras municipales. Según los datos analizados, 105 municipios tienen agua rural clasificada en riesgo alto o inviable sanitariamente, una cifra que duplica la registrada en los cascos urbanos.

A esto se suma que en 587 municipios no se mide la calidad del agua en sus zonas rurales.

La ausencia de controles dificulta conocer qué están consumiendo miles de familias campesinas y cuáles son los riesgos sanitarios a los que podrían estar expuestas.

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¿Cómo se determina si el agua es apta para el consumo?

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), establecido en la Resolución 2115 de 2007, clasifica el líquido según los resultados de los análisis realizados:

Puntaje IRCA Clasificación
0 a 5 Sin riesgo
5,1 a 14 Riesgo bajo
14,1 a 35 Riesgo medio
35,1 a 80 Riesgo alto
80,1 a 100 Inviable sanitariamente

El INS también advirtió que el indicador no permite determinar por sí solo cuántas personas están consumiendo agua en condiciones de riesgo.

Los datos disponibles corresponden a 2024 y muestran un problema que se mantiene en distintas regiones del país: municipios con dificultades persistentes para garantizar agua segura, territorios sin vigilancia suficiente y comunidades rurales que permanecen sin controles sobre la calidad del líquido que reciben.

La situación deja planteados interrogantes sobre la capacidad de los gobiernos locales y las empresas prestadoras para garantizar un servicio que tiene consecuencias directas sobre la salud pública.

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