El equipo especializado de fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia centra el rastreo de minutas contractuales en el periodo en el que Mauricio Lizcano dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia.
Mapeo cronológico de la contratación bajo sospecha
La investigación penal desatada tras las revelaciones sobre la supuesta entrega de vinculaciones laborales en el Estado a cambio de favores sexuales para el expresidente Gustavo Petro entró en una fase determinante. Este lunes 26 de octubre de 2026, se conoció que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia encabeza la reconstrucción analítica y cronológica de más de 40 contratos adscritos al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
Las pesquisas del cuerpo de investigadores buscan determinar las fechas exactas de radicación, aprobación de idoneidad, asignación presupuestal y ejecución de los contratos de prestación de servicios otorgados a mujeres jóvenes que habrían integrado el entorno personal del exmandatario.
El foco en la dirección de Mauricio Lizcano y las citaciones pendientes
Los hallazgos preliminares de los agentes de la Fiscalía señalan que la mayor concentración de las presuntas irregularidades contractuales ocurrió entre agosto de 2022 y abril de 2023, lapso en el que la dirección del DAPRE estuvo bajo el mando de Mauricio Lizcano.
Para contrastar el flujo documental y la legalidad en la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y los estudios previos, el ente juzgador confirmó que citará a declarar en calidad de testigos a exaltas funcionarias que estuvieron al frente de la entidad:
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Laura Sarabia: Quien sucedió en el manejo de la administración del DAPRE y coordinó la agenda del Ejecutivo en fases clave de la administración anterior.
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Angie Rodríguez: Exdirectora de la entidad cuya versión resultará decisiva para determinar los controles internos y los filtros de contratación.
Mientras la defensa de Petro insiste en que las asignaciones respondieron a programas de inclusión social y califica los sealamientos como una violación a su intimidad, el ente de control penal busca determinar si la nómina del DAPRE fue instrumentalizada para consumar los delitos de tráfico de influencias, peculado por aplicación diferente o constreñimiento.
