Deicy Jiménez, una mujer de aproximadamente 28 años, quedó en el centro de la controversia política nacional tras conceder una entrevista a Vicky Dávila, en la que hizo graves señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro. En su testimonio, afirmó que sostuvo una relación íntima con él, que obtuvo contratos estatales durante cinco años y que otras mujeres habrían recibido beneficios similares.
Las declaraciones, divulgadas el 25 de octubre, incluyen acusaciones sobre presuntos intercambios de favores sexuales por contratación pública, además de afirmaciones relacionadas con el consumo y el transporte de drogas. Se trata de señalamientos que deben ser investigados y contrastados por las autoridades; no constituyen, por sí mismos, hechos probados judicialmente.
Cómo dice que conoció a Gustavo Petro
Según el relato de Jiménez, el primer contacto ocurrió en 2019, cuando Petro se desempeñaba como senador. La mujer afirmó que trabajaba en una página para adultos y que el entonces congresista habría ingresado a la plataforma utilizando otro nombre.
“Lo conocí por una página para adultos”, respondió cuando fue interrogada sobre el origen del vínculo.
Jiménez aseguró que, aproximadamente un mes después del contacto inicial, ambos se encontraron en un hotel de Cali. Según su versión, a partir de ese encuentro comenzó una relación íntima que se habría prolongado durante varios años.
Posteriormente, dijo haberse trasladado a Bogotá, donde empezó a trabajar en el Senado mientras continuaba la relación que asegura haber mantenido con Petro.
Los contratos que afirma haber recibido durante cinco años
Uno de los ejes de la entrevista son los contratos que Jiménez dice haber tenido con entidades públicas. En su testimonio mencionó el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. También hizo referencia a un contrato relacionado con la representante María José Pizarro.
Cuando Vicky Dávila le preguntó si Petro había comenzado a ayudarla a conseguir contratos, respondió: “Sí, empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero…”.
Jiménez sostiene que esas vinculaciones laborales estaban relacionadas con su cercanía personal con el entonces senador y posteriormente presidente. La publicación periodística indicó que verificó contratos de la mujer en el Congreso y en dependencias gubernamentales.
Sin embargo, la existencia de contratos no demuestra por sí sola que hayan sido otorgados a cambio de favores sexuales. Para establecer si hubo irregularidades sería necesario examinar los documentos, las condiciones de contratación, las funciones desempeñadas, los procesos de selección y cualquier evidencia que permita establecer una relación entre los contratos y los hechos denunciados.
La supuesta red de mujeres
Jiménez también afirmó que otras mujeres habrían vivido situaciones similares. Durante la entrevista calculó que el grupo podría estar integrado por entre 30 y 40 personas, muchas de ellas jóvenes y algunas vinculadas a plataformas de contenido para adultos.
Según su versión, los contratos habrían servido para mantener a esas mujeres vinculadas y evitar que revelaran lo ocurrido.
La entrevista también hace referencia a declaraciones atribuidas a Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, sobre 48 mujeres que habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios.
Las cifras mencionadas corresponden a declaraciones distintas y no permiten concluir, por sí solas, que todas las mujeres aludidas integraran una misma red o que exista una estructura criminal comprobada. Esa relación tendría que ser establecida mediante investigaciones y pruebas.
La acusación sobre la compra y el transporte de cocaína
Otro de los señalamientos más delicados de Jiménez se refiere a un supuesto encargo que, según ella, habría recibido de Petro cuando él era senador.
La mujer afirmó que recibió tres millones de pesos en efectivo para comprar cocaína fuera de Bogotá. Según su relato, adquirió la sustancia y la transportó en avión hasta la capital, escondida en una maleta, antes de entregársela al entonces congresista.
También aseguró que en otras ocasiones habría conseguido cocaína en Bogotá, pero que decidió negarse a continuar por temor a su seguridad.
Estas afirmaciones no cuentan, dentro de la información divulgada, con una determinación judicial que establezca que los hechos ocurrieron como fueron narrados. Su verificación requeriría establecer la autenticidad de los materiales aportados, contrastar las versiones y determinar si existen otros elementos probatorios.
¿Qué pruebas asegura tener?
Jiménez manifestó que conserva conversaciones, fotografías y videos que, según ella, respaldarían parte de sus denuncias. La periodista Vicky Dávila señaló que recibió materiales de la entrevistada y que algunas imágenes y grabaciones no serían divulgadas por razones relacionadas con la dignidad y la privacidad de las personas involucradas.
La publicación también aseguró haber verificado contratos de Jiménez con entidades estatales. Esa verificación documental puede servir para establecer sus vínculos laborales, pero no resuelve automáticamente las acusaciones sobre los motivos por los que habría sido contratada.
La mujer pidió que las autoridades examinen sus señalamientos y dijo temer posibles represalias después de hacerlos públicos.
La reacción de Abelardo de la Espriella
El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre la controversia. En declaraciones difundidas en redes sociales, sostuvo que las acusaciones deben examinarse desde la perspectiva de un posible uso indebido de recursos públicos y no limitarse a la discusión sobre la vida privada del exmandatario.
De la Espriella pidió una investigación de fondo y cuestionó si los hechos denunciados podrían tener consecuencias penales. Sus declaraciones representan una posición política frente a las acusaciones, pero no sustituyen la labor de las autoridades judiciales.
Hasta el momento descrito en la información publicada, Petro no se había pronunciado públicamente sobre el conjunto de señalamientos formulados por Jiménez.
Lo que falta por esclarecer
El caso reúne asuntos diferentes que deben examinarse por separado: la naturaleza de la relación personal que Jiménez afirma haber tenido con Petro, la legalidad de los contratos que recibió, la posible existencia de otras mujeres en circunstancias similares y las acusaciones relacionadas con drogas.
La clave estará en determinar qué elementos pueden comprobarse mediante documentos, testimonios y otras pruebas, y si existe evidencia de que recursos públicos fueron utilizados de manera irregular.
Por ahora, las declaraciones de Deicy Jiménez han abierto una nueva controversia política, pero las responsabilidades individuales solo podrán establecerse a partir de hechos verificados y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
