Una propuesta surgida desde la cárcel La Picota, en Bogotá, busca abrir un nuevo camino en la lucha contra la extorsión y la resocialización de la población privada de la libertad. Cerca de 4.300 reclusos de siete patios plantearon entregar voluntariamente los celulares que tienen en sus pabellones y participar en actividades productivas en beneficio de las comunidades.
La iniciativa fue presentada por Johana Bahamón, representante de la Fundación Acción Interna, mediante una carta fechada este lunes 26 de octubre y dirigida al presidente de la República, Abelardo de la Espriella. En el documento, los internos solicitan que el Gobierno escuche sus propuestas y permita avanzar en un proceso coordinado con las autoridades penitenciarias.
La primera medida está relacionada con el uso de teléfonos móviles dentro del establecimiento carcelario, un asunto que preocupa a las autoridades por su posible utilización para coordinar extorsiones y otros delitos desde prisión.
Según lo expuesto por Bahamón, los representantes de derechos humanos y convivencia de los siete patios manifestaron su disposición a entregar voluntariamente los dispositivos mediante un procedimiento organizado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
La propuesta, de acuerdo con la fundación, no estaría condicionada a rebajas de penas, beneficios judiciales ni privilegios para los participantes. El planteamiento busca que la entrega de los equipos se convierta en una acción concreta frente a las actividades delictivas que pueden ejecutarse desde los centros de reclusión.
La segunda iniciativa apunta a que los internos aporten su trabajo a proyectos de utilidad pública. Entre las tareas que proponen están la fabricación de pupitres para colegios, la confección de uniformes escolares, la elaboración de mobiliario hospitalario y la participación en obras de construcción y mejoramiento de carreteras y espacios comunitarios.
El planteamiento pretende vincular el trabajo penitenciario con necesidades de las comunidades, bajo un esquema que permita desarrollar habilidades laborales y aportar a los procesos de resocialización.
La iniciativa pone sobre la mesa dos asuntos que el Gobierno tendría que evaluar: cómo garantizar que los teléfonos entregados sean retirados y controlados efectivamente, y bajo qué condiciones legales, técnicas y de seguridad podrían los reclusos participar en proyectos productivos y obras públicas.
Por ahora, las propuestas corresponden a una iniciativa presentada por representantes de los internos y la Fundación Acción Interna. Su alcance dependerá de la respuesta del Gobierno y de la evaluación que realicen las autoridades penitenciarias.
Los reclusos esperan que el presidente Abelardo de la Espriella escuche el planteamiento. La eventual entrega de celulares y la participación en trabajos comunitarios deberán traducirse en procedimientos verificables para determinar si pueden contribuir a reducir los delitos coordinados desde las cárceles y ofrecer alternativas reales de resocialización.
