El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar públicamente sus declaraciones sobre un presunto fraude electoral en los comicios de 2014, 2022 y 2026.
La decisión judicial, emitida este viernes, establece que el mandatario deberá retractarse en un plazo de tres días, especialmente a través de su cuenta en la red social X, donde ha reiterado cuestionamientos al sistema electoral y a la empresa Thomas Greg & Sons.
Falta de pruebas y afectación institucional
El fallo se produjo en el marco de una acción popular presentada por el abogado Ramiro Bejarano, así como de una medida cautelar impulsada por la Procuraduría General de la Nación.
Según el Tribunal, las afirmaciones del jefe de Estado carecen de pruebas sólidas y verificables, lo que podría afectar derechos colectivos como la confianza en las instituciones, la transparencia electoral y el normal desarrollo de los procesos democráticos.
Además, el alto tribunal advirtió que insistir en un supuesto “fraude algorítmico” puede generar desconfianza injustificada en entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Defensa del presidente
Desde la defensa de Petro se ha reiterado que no habrá retractación. Sus abogados sostienen que la decisión representa un intento de censura y defienden el derecho del mandatario a expresar dudas sobre el sistema electoral.
También han solicitado acceso al código fuente del software utilizado en los procesos electorales, con el fin de permitir auditorías independientes y fortalecer la transparencia.
En respuesta a la orden judicial, el presidente ha insistido en redes sociales en que “el fraude electoral está demostrado desde 2014” y ha calificado las acciones en su contra como intentos de silenciar sus denuncias.
El caso abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y las instituciones judiciales, en medio del ambiente político previo a las próximas elecciones en el país.