La polémica por las declaraciones atribuidas a alias ‘Castor’, señalado como uno de los cabecillas de ‘Los Costeños’, llegó a la Procuraduría General de la Nación, luego de que se solicitara una investigación para esclarecer las graves afirmaciones relacionadas con presuntas alianzas políticas, control territorial y posibles actos de complicidad en Soledad, Atlántico.
La petición plantea que el Ministerio Público investigue de manera inmediata y a fondo el contenido de las declaraciones, con el propósito de determinar si detrás de los señalamientos existen hechos que puedan comprometer a funcionarios, dirigentes políticos u otros actores con capacidad de decisión en el municipio.
El llamado surge en medio de la preocupación por la influencia que las estructuras criminales han tenido históricamente en distintos sectores del Atlántico y por los temores de que episodios asociados al control territorial y la violencia puedan repetirse.
“Soledad no puede seguir viviendo con miedo eterno ni repetir la historia del paramilitarismo”, señala la denuncia, al advertir sobre la necesidad de esclarecer cualquier posible vínculo entre organizaciones criminales y sectores del poder.
Uno de los principales reclamos apunta precisamente al silencio institucional frente a las afirmaciones de ‘Castor’. La solicitud busca que las autoridades competentes determinen qué hay de cierto en los señalamientos y establezcan responsabilidades, si llegaran a encontrarse elementos que los sustenten.
La petición también plantea que las declaraciones de un presunto cabecilla criminal no pueden ser consideradas por sí solas como prueba de la existencia de alianzas o complicidades. Por ello, se requiere una investigación formal que permita contrastar las versiones, recopilar pruebas y establecer si hubo participación o favorecimiento por parte de servidores públicos o particulares.
“La verdad no puede quedar en una celda. Soledad merece respuestas, no más silencio”, concluye el llamado dirigido a la Procuraduría.
El caso podría generar nuevas repercusiones políticas y judiciales en el municipio, especialmente si las autoridades deciden verificar de manera formal los señalamientos y establecer si existen elementos que permitan abrir procesos disciplinarios o trasladar información a otras autoridades competentes.
Por ahora, las afirmaciones permanecen como señalamientos que deberán ser corroborados mediante una investigación oficial. El reto para las instituciones será determinar qué ocurrió realmente y garantizar que cualquier eventual responsabilidad sea establecida con base en pruebas y dentro del debido proceso.