El decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro fijó el salario mínimo para 2026 —un aumento del 23,7 %, que lleva el ingreso básico a $1.750.905 y hasta cerca de $2 millones con auxilio de transporte— ya desató un intenso debate jurídico, económico y político: ¿es posible demandarlo y que sea declarado nulo?
La respuesta corta es sí se puede demandar, pero no es probable que frene el aumento en el corto plazo.
El antecedente que reaviva la discusión
Quienes cuestionan el decreto recuerdan un caso clave: el aumento del salario mínimo de 2016, decretado por el gobierno de Juan Manuel Santos. En ese entonces, el alza fue del 7 %, apenas por encima de la inflación de 2015 (6,77 %).
La Procuraduría y las centrales obreras demandaron el decreto argumentando que se violó el principio constitucional de salario móvil, es decir, la obligación de preservar el poder adquisitivo del trabajador.
En marzo de 2017, el Consejo de Estado anuló el decreto por falta de motivación técnica suficiente, señalando que el Gobierno no explicó de manera clara cómo evaluó variables como inflación, productividad y crecimiento económico.
Sin embargo, el fallo llegó más de un año después, cuando el salario ya había sido pagado, por lo que no tuvo efectos prácticos ni retroactivos. Fue, en palabras de expertos, una decisión más pedagógica que correctiva.
¿Podría pasar lo mismo en 2026?
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo aseguró que el decreto del salario mínimo de Petro debe ser demandado y advirtió que no se puede permitir “la destrucción de Colombia”. Jurídicamente, cualquier ciudadano puede interponer una acción de nulidad ante el Consejo de Estado.
No obstante, expertos coinciden en que un proceso de este tipo puede tardar uno o incluso dos años, por lo que, aun si prosperara una demanda, el salario mínimo de 2026 ya estaría plenamente vigente y pagado.
Además, el Consejo de Estado se encuentra actualmente en vacancia judicial, lo que retrasa cualquier actuación inmediata.
El choque político: Petro responde con paro
El antecedente fue revivido por el exsenador Eugenio Macías, quien recordó en X que el Consejo de Estado ya anuló un decreto similar por incumplir parámetros constitucionales como inflación y productividad.
La reacción del presidente Gustavo Petro fue inmediata y contundente. Afirmó que, de prosperar una ofensiva judicial contra el aumento, convocaría un paro nacional, y sostuvo que su decisión cumple con la Constitución y los convenios de la OIT.
“Este es un gobierno de los trabajadores, no de los megarricos”, señaló el mandatario, quien defendió que el decreto sí tuvo en cuenta inflación y productividad, pero priorizó el mandato constitucional del mínimo vital.
El argumento central del Gobierno
Para Petro, el aumento del salario mínimo responde a la necesidad de garantizar un mínimo vital familiar, con el objetivo de reducir la desigualdad social. Reconoció que habrá presiones sobre los precios, pero defendió la idea de que la inflación también refleja una disputa por la redistribución de la riqueza.
Desde el Ejecutivo insisten en que el decreto está debidamente motivado y blindado jurídicamente para evitar un revés como el de 2016.
El impacto real para las empresas
Aunque el salario mínimo se acerca a los $2 millones con auxilio de transporte, el costo real para un empleador es mucho mayor. Con cargas prestacionales y aportes a la seguridad social, un trabajador que devenga el mínimo costará cerca de $2.975.614 mensuales, un 44,79 % adicional sobre el salario base.
Este punto es uno de los principales argumentos de los gremios empresariales que advierten riesgos sobre empleo, informalidad e inflación.
Sí, el decreto del salario mínimo puede ser demandado, y existe un antecedente de nulidad. Pero incluso si la justicia volviera a tumbarlo, el aumento se aplicaría durante todo 2026. El verdadero efecto del debate no es inmediato ni jurídico, sino político: una confrontación abierta entre el Gobierno, los gremios, la oposición y los tribunales, en un año clave para la economía y el clima social del país.