La reciente postura del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al responsabilizar al Gobierno nacional por el aumento de la inseguridad, ha reavivado un debate que va más allá de declaraciones: ¿quién responde realmente por la creciente ola delictiva que golpea a la ciudad y al departamento del Atlántico?
El mandatario distrital encendió la controversia al señalar directamente al presidente Gustavo Petro, cuestionando los resultados de la política de “paz total” frente a delitos como la extorsión. Sin embargo, sus afirmaciones han sido interpretadas por distintos sectores como un intento de trasladar la responsabilidad, en medio de una percepción ciudadana de abandono y falta de resultados concretos a nivel local.
En barrios de Barranquilla, la situación es cada vez más tensa. Comerciantes y residentes denuncian cobros extorsivos, amenazas constantes y una sensación de inseguridad que no distingue sectores. Muchos aseguran que han tenido que modificar su estilo de vida, invertir en medidas de protección y limitar sus actividades diarias por temor a convertirse en víctimas.
Pero las críticas no solo apuntan al mandatario distrital. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, también enfrenta cuestionamientos en medio de una escalada de violencia que incluye homicidios múltiples y ataques armados en diferentes municipios del departamento. Para analistas y ciudadanos, la respuesta institucional ha sido insuficiente frente a hechos que evidencian la presencia y expansión de estructuras criminales.
La discusión de fondo gira en torno a la articulación —o la falta de ella— entre los distintos niveles de gobierno. Si bien la seguridad es una competencia compartida entre Nación, departamento y distrito, lo cierto es que la ciudadanía no percibe una estrategia clara ni coordinada que permita contener la criminalidad.
Expertos en seguridad advierten que el cruce de responsabilidades y el discurso político pueden terminar debilitando la acción institucional. Mientras se señalan culpables, dicen, las organizaciones criminales ganan terreno.
En este contexto, crece la exigencia ciudadana por resultados tangibles: reducción de homicidios, control efectivo de la extorsión y presencia real de las autoridades en los territorios más golpeados. La pregunta que queda en el aire es contundente: más allá de los discursos, ¿quién está asumiendo el liderazgo para devolverle la seguridad a Barranquilla y al Atlántico?