El «Fortaleza» de papel: ¿Dónde quedaron los $195 mil millones del Ministerio de Defensa? pregunta Paloma Valencia

Lo que prometía ser el corazón administrativo de la seguridad nacional en Colombia, el Proyecto Fortaleza, se ha transformado en un laberinto de dudas financieras y reclamos de justicia. La candidata presidencial Paloma Valencia ha encendido las alarmas al presentar documentos que denuncian un presunto desfalco millonario durante la transición y gestión del exministro de Defensa, Iván Velásquez.

La anatomía de un proyecto fantasma

El Proyecto Fortaleza no era una obra menor. Con un presupuesto global de $1.5 billones, su objetivo era unificar en un solo complejo a la cúpula del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Bogotá. El acuerdo, gestado originalmente bajo la administración de Iván Duque con la Canadian Commercial Corporation (una entidad estatal de Canadá), se perfilaba como el hito de infraestructura más ambicioso del sector.

Los hallazgos de la denuncia

La gravedad de las acusaciones de la candidata presidencial Paloma Valencia radica en el manejo de los desembolsos tras la cancelación del contrato:

  • Utilidades anticipadas sin obra: Se habrían girado $195 mil millones al contratista bajo el concepto de utilidad anticipada.

  • Ausencia de resultados: A pesar del flujo de recursos, no existen edificios construidos ni avances físicos visibles en el terreno designado.

  • Contrato liquidado: La iniciativa fue finalmente cancelada, dejando el millonario monto en un limbo jurídico y financiero.

Bajo la lupa de los entes de control

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Ante lo que describe como una ejecución que solo deja «dudas y no resultados», la candidata presidencial, Paloma Valencia ha solicitado formalmente la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. El objetivo es rastrear la ruta del dinero y determinar las responsabilidades administrativas y penales detrás de estos pagos.

Este caso no solo representa un golpe al erario, sino que revive el álgido debate sobre la transparencia en los contratos de seguridad nacional. En un país donde la capacidad institucional depende de cada centavo, la sospecha sobre estos $195 mil millones pone a prueba la vigilancia del Estado sobre sus propios recursos.

Economía y Finanzas

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