Procuraduría investiga posibles irregularidades en contrato para construir el comando de Policía de Sabanalarga

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Gobernación del Atlántico y una particular que ejercía funciones públicas por presuntas irregularidades en el desarrollo, ejecución y supervisión del contrato para construir el comando de Policía de Sabanalarga, correspondiente a la vigencia 2024.

Las investigadas son Ana María Navarro Mora, funcionaria departamental que habría actuado como supervisora del contrato, y Osiris Georgina Suárez Molina, representante legal del consorcio encargado de las obras.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público este viernes 9 de octubre de 2026, la actuación busca establecer si durante la ejecución contractual se autorizaron pagos sin que se hubieran cumplido los objetos pactados, si se presentaron cobros duplicados por determinados costos y si se cancelaron ítems que correspondían a obligaciones propias del contratista.

La investigación está a cargo de la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, dependencia que ordenó la práctica de pruebas documentales para esclarecer las circunstancias en las que se habrían presentado las presuntas irregularidades.

Los pagos y la supervisión, bajo revisión

Uno de los aspectos centrales del proceso será determinar si la supervisión contractual cumplió con sus responsabilidades y si los desembolsos realizados se ajustaron a las obligaciones establecidas en el contrato.

La Procuraduría también examinará la actuación de la representante legal del consorcio para establecer si hubo pagos duplicados o si se cobraron por separado actividades que debían estar incluidas dentro de las obligaciones asumidas por el contratista.

Estos puntos deberán ser verificados mediante las pruebas que recopile el organismo de control. La apertura de la investigación no significa que las dos implicadas sean responsables de faltas disciplinarias.

El proceso busca establecer si existieron conductas contrarias a las normas que rigen la contratación estatal y determinar las eventuales responsabilidades individuales en la ejecución del proyecto destinado a la construcción del comando de Policía de Sabanalarga.

Por ahora, la Procuraduría no ha informado sobre una decisión sancionatoria. La actuación se encuentra en etapa de investigación y dependerá de los elementos probatorios que se incorporen al expediente.

Economía y Finanzas

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