La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en el proceso contractual de modernización, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en el que estaría involucrada la Agencia Nacional de Infraestructura.
El contrato, suscrito por un valor superior a un billón de pesos, es objeto de revisión por parte del Ministerio Público, que busca determinar si hubo inconsistencias en la estructuración financiera y en las condiciones pactadas durante el proceso de selección del concesionario.
Diferencias en el valor del contrato
Según la información preliminar, el acuerdo habría sido celebrado con base en un Valor Presente del Ingreso Esperado (VPIE) que no coincidiría con el ofertado inicialmente. Esta diferencia, estimada en $114.437 millones de pesos, representaría cerca del 9,57 % del VPIE total del contrato.
Para la Procuraduría, esta situación podría haber alterado la ecuación económica del negocio jurídico, lo que eventualmente generaría un posible detrimento o afectación a la entidad contratante.
Posibles inconsistencias técnicas y financieras
La investigación también revisa presuntas modificaciones posteriores a la firma del contrato, relacionadas con la minuta contractual. Entre los aspectos señalados se encuentran posibles errores en indicadores técnicos, pólizas, fórmulas financieras y requisitos contables.
De acuerdo con el reporte, el concesionario habría presentado solicitudes de ajuste sobre estos elementos, lo que ha encendido alertas sobre la estructuración y ejecución del proyecto.
Alcance de la indagación
El ente de control indicó que la indagación se adelanta en averiguación de responsables dentro de la ANI y tiene como objetivo determinar si existieron fallas en la planeación, evaluación o adjudicación del contrato.
Por ahora, el proceso se encuentra en etapa preliminar, mientras se recopila documentación y se evalúan los procedimientos que dieron origen al proyecto de modernización del terminal aéreo de Cartagena.
La investigación continúa en desarrollo y podría derivar en nuevas actuaciones disciplinarias si se confirman las irregularidades señaladas.