Por solicitud de la Procuraduría, juez congeló giro de cerca de $30.000 millones por presunta irregularidad en contratación de obra

La medida responde a una acción popular instaurada por el Ministerio Público para proteger los recursos del Sistema General del Regalías. 

Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación en una acción popular, el Juez Primero Administrativo Oral de Villavicencio ordenó detener el giro de cerca de 30.000 millones de pesos, los cuales hacen parte del anticipo destinado para iniciar la construcción del malecón turístico de Cabuyaro, Meta, obra financiada con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
La acción popular fue presentada por la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, al advertir un riesgo inminente para los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, al considerar que la contratación de la obra y de su interventoría al parecer se efectuaron de manera directa sin convocar a una licitación pública como lo exige la ley.
El Ministerio Público precisó en el recurso que se hacía necesaria una medida cautelar sobre la utilización de esos dineros, pues de no hacerse, el contratante, en este caso Asomunicipios E.A.T., trasladaría a los contratistas cerca de 30.000 millones de pesos “que serán utilizados para celebrar otros negocios jurídicos para el cumplimiento contractual con terceros de buena fe, a quienes no se les podría exigir el reintegro, y que, de esperar una decisión de fondo, sería imposible la salvaguarda del patrimonio público, configurándose un perjuicio irremediable”.
Al resolver la solicitud, el juez ordenó a Asomunicipios E.A.T. abstenerse de trasladar a los contratistas los recursos pactados a título de anticipo, y en el caso de que ya los hubiese girado, exhortó a los destinatarios, Daca Ingeniería y JC Arquitectos, a abstenerse de comprometer y utilizar los dineros girados, hasta tanto se resuelva de fondo la acción popular o se revoque la medida cautelar dispuesta.
La obra cuenta con un presupuesto total superior a los 59.000 millones de pesos, costo financiado con recursos del SGR. La Procuraduría continuará ejerciendo seguimiento al desarrollo del proceso judicial, así como adelantando las actuaciones preventivas y de control que correspondan en este caso.

Economía y Finanzas

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