¿Por qué trasladar a Barranquilla a los máximos cabecillas de estructuras criminales en medio de una crisis persistente de seguridad? ¿Cuál es la verdadera finalidad de concentrarlos en una ciudad que aún enfrenta altos índices de violencia? ¿Están las cárceles del país —y particularmente las de la capital del Atlántico— en capacidad real de evitar que estos traslados se conviertan en nuevos centros de mando criminal? ¿Qué le espera a Barranquilla con estas decisiones?
Estos interrogantes se intensificaron tras conocerse que el Ministerio de Justicia ordenó el traslado a la cárcel El Bosque de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, jefe de ‘Los Costeños’, y Digno Palomino, máximo cabecilla de ‘Los Pepes’, sin que la Alcaldía de Barranquilla hubiera sido informada previamente.
La sorpresa del Distrito no es menor. En un comunicado oficial, la administración del alcalde Alejandro Char manifestó su preocupación por una decisión que impacta directamente el orden público local y que, según señalaron, debió haberse articulado con las autoridades territoriales.
Traslados en nombre de la paz urbana
El Gobierno nacional ha justificado estos movimientos en el marco de su política de paz urbana, con el objetivo de evitar el rompimiento de la tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, que vence el próximo 20 de enero, y de facilitar el inicio formal de una mesa de diálogos.
Sin embargo, desde el Distrito advierten que el alto perfil criminal de los trasladados exige medidas excepcionales de seguridad, inteligencia y control penitenciario, para evitar que las cárceles de Barranquilla se conviertan en centros de coordinación del crimen organizado.
“Siempre hemos respaldado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero era indispensable una coordinación técnica permanente entre el Gobierno nacional, la Gobernación y el Distrito”, señaló la Alcaldía, subrayando el riesgo de que estas decisiones, sin articulación local, terminen debilitando la seguridad ciudadana.
El factor “El Negro Ober” y más incertidumbre
La incertidumbre aumentó con la confirmación de que alias “El Negro Ober”, integrante de ‘Los Rastrojos-Costeños’, también sería trasladado a Barranquilla por orden del Ministerio de Justicia, pese a que no existe información pública sobre acercamientos o diálogos con su estructura criminal.
Ober Martínez permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander), y su traslado podría concretarse antes del vencimiento de la tregua. Su inclusión ha generado aún más preguntas sobre los criterios usados por el Gobierno para definir quiénes regresan a la ciudad.
El prontuario del señalado cabecilla no pasa desapercibido: en 2023 fue condenado a 36 meses de prisión por amenazar a una fiscal, un antecedente que refuerza las dudas sobre los riesgos que implica su traslado.
¿Barranquilla, escenario o rehén del proceso?
Con ‘Castor’, Digno Palomino y “El Negro Ober”, ya son tres de los nombres más fuertes del crimen organizado los que regresarían a Barranquilla. Según información conocida, el número total de traslados podría ascender a 17, un dato que ha encendido las alarmas en sectores políticos, analistas y ciudadanía.
El politólogo Luis Trejos advirtió que una de las principales falencias del proceso es la exclusión de las autoridades locales de la fase de prediálogo y de una eventual negociación formal.
“Son precisamente las autoridades distritales las que han enfrentado durante años a estas estructuras criminales, y hoy están siendo marginadas de un proceso que impacta directamente su territorio”, señaló.
Un llamado urgente a la coordinación
Mientras el Gobierno nacional avanza con los traslados, la Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado urgente a establecer canales permanentes de comunicación con la Oficina del Comisionado de Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Justicia, para anticipar riesgos, fortalecer la seguridad y evitar alteraciones del orden público, especialmente en un año preelectoral.
En una ciudad golpeada por la delincuencia y con una confianza frágil en el sistema penitenciario, los traslados no solo plantean una apuesta por la paz, sino también un desafío mayúsculo: que el diálogo no termine fortaleciendo la ilegalidad y que Barranquilla no pague el costo de decisiones tomadas desde Bogotá sin escuchar al territorio.