Las declaraciones de Sandra Ortiz sobre el escándalo de la UNGRD y la polémica alrededor de las imágenes de combatientes muertos difundidas por el Gobierno Nacional provocaron un intenso debate político y jurídico en el programa Hora 20 de Caracol Radio.
Durante la emisión del lunes 7 de septiembre, los panelistas analizaron las nuevas afirmaciones de la exconsejera presidencial para las Regiones, quien permanece vinculada a las investigaciones por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de discutir la estrategia de comunicación del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a las operaciones contra grupos armados.
Uno de los primeros cuestionamientos estuvo dirigido a la propia Sandra Ortiz.
El senador Ariel Ávila aseguró que las diferentes versiones entregadas por la exfuncionaria generan dudas sobre la consistencia de su relato. Según el congresista, Ortiz habría pasado de negar su participación en los hechos a entregar posteriormente una versión distinta, algo que, en su concepto, termina debilitando su credibilidad.
El caso también fue analizado por el periodista Sebastián Nohra, quien llamó la atención sobre el tratamiento judicial que ha recibido Ortiz dentro del expediente de la UNGRD.
Nohra consideró que existen interrogantes sobre la actuación de la Fiscalía y señaló que las declaraciones de la exconsejera deberían ser examinadas dentro del contexto general del escándalo, especialmente frente a otros casos que, según afirmó, no han tenido el mismo desarrollo judicial.
A esta discusión se sumó el abogado penalista Francisco Bernate, quien recordó que Ortiz ha manifestado su intención de llevar su caso hasta las últimas consecuencias en los tribunales.
El jurista también mencionó los cuestionamientos relacionados con la asignación del juez que conoce el proceso y explicó que, en los despachos de Paloquemao, existe un mecanismo de reparto aleatorio para la distribución de los casos.
Pero el mayor choque de opiniones se produjo al analizar las imágenes de los cuerpos de integrantes de grupos armados que fueron dados de baja durante operaciones militares.
Ariel Ávila sostuvo que la exhibición de los cadáveres no necesariamente constituye una ilegalidad, pero consideró que la decisión puede generar serios cuestionamientos desde el punto de vista ético y de la forma como el Estado comunica sus acciones militares.
El senador recordó que Colombia ya atravesó una etapa en la que las cifras de bajas fueron utilizadas como una manera de medir los resultados de la lucha contra los grupos armados y señaló que esa estrategia terminó generando cuestionamientos.
En contraste, el abogado Felipe Caballero defendió la política de seguridad implementada por la administración de Abelardo de la Espriella.
El penalista sostuvo que el Estado cuenta con diferentes herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales y que las operaciones militares hacen parte de esa política. Además, respaldó la combinación entre acciones de fuerza y eventuales procesos de negociación con grupos armados.
“Hay que ir al combate como si no se estuviera negociando, y negociar como si se estuviera combatiendo”, sostuvo Caballero al referirse a la estrategia anunciada por el Gobierno.
La periodista Luz María Sierra también cuestionó la forma como se han presentado públicamente estos operativos.
Sierra consideró que las declaraciones de Sandra Ortiz presentan contradicciones y criticó lo que calificó como una actitud cambiante de la exfuncionaria frente a la Fiscalía y al Gobierno.
Sin embargo, su principal cuestionamiento estuvo relacionado con las imágenes difundidas por la Presidencia.
La directora de El Colombiano consideró que la aparición del presidente caminando entre los cuerpos de los combatientes muertos genera un impacto visual y político muy fuerte. Desde su perspectiva, el problema no estaría únicamente en el desarrollo de las operaciones, sino en la decisión de utilizar esas imágenes como parte del mensaje oficial del Gobierno.
El debate se produjo además en medio de la expectativa por la llegada a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien tiene previsto visitar Barranquilla.
Los panelistas coincidieron en que la seguridad será uno de los asuntos centrales de la agenda bilateral, particularmente por el interés de Washington en conocer la orientación que tendrá Colombia frente a la lucha contra el narcotráfico, los grupos armados y el crimen organizado.
De esta manera, las declaraciones de Sandra Ortiz y el manejo de las imágenes de las operaciones militares abrieron dos frentes de discusión para el Gobierno: uno relacionado con el avance de los procesos judiciales derivados del escándalo de la UNGRD y otro con los límites políticos, éticos y comunicativos de la nueva estrategia de seguridad.