Una propuesta del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, de evaluar el cultivo de marañón como alternativa en zonas actualmente dedicadas al arroz desató una nueva controversia política en Colombia.
La discusión surgió después de que el funcionario recomendara a productores de La Guajira y Cesar considerar cultivos con menores requerimientos de agua y mejores perspectivas de rentabilidad, teniendo en cuenta los efectos de fenómenos climáticos como El Niño. Entre las opciones mencionadas estuvo el marañón.
La declaración generó rechazo entre varios integrantes de las Comisiones Quintas del Congreso, quienes defendieron la producción nacional de arroz y reclamaron al Gobierno medidas para enfrentar las dificultades económicas que atraviesan los agricultores.
El presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, Julio Roberto Salazar, sostuvo que cambiar la vocación agrícola de una región no puede plantearse como una solución inmediata, especialmente cuando se trata de un alimento fundamental para los hogares colombianos.
El congresista señaló que los productores enfrentan problemas relacionados con el costo de los insumos y la variación de los precios, por lo que propuso fortalecer herramientas como el acceso a fertilizantes, crédito, tecnificación y mejoramiento de las vías terciarias.
La discusión también llegó al Senado. Su vicepresidente, Alejandro Ocampo, cuestionó que el marañón sea planteado como sustituto directo del arroz y llamó la atención sobre el tiempo que requiere este cultivo para comenzar a producir.
Según explicó, el marañón puede tardar entre cinco y siete años en alcanzar su etapa de maduración, mientras que el arroz corresponde a un ciclo productivo mucho más corto.
Ocampo planteó que el desarrollo del marañón podría impulsarse en otras zonas del país donde existan tierras fértiles actualmente subutilizadas, mencionando como ejemplos regiones de Arauca y Guaviare.
Petro también se pronunció
La propuesta del Ministerio de Agricultura también provocó una reacción del expresidente Gustavo Petro, quien defendió públicamente el fortalecimiento de la producción nacional de cereales.
Petro sostuvo que Colombia debe aumentar la producción de alimentos y consideró que el marañón puede convertirse en una alternativa productiva, pero no necesariamente a costa de reducir las áreas destinadas al arroz.
El exmandatario planteó que el marañón podría desarrollarse en terrenos dedicados a actividades ganaderas de baja productividad, en procesos voluntarios de sustitución de cultivos de coca y en áreas de la altillanura colombiana.
En su pronunciamiento, Petro también defendió una mayor producción nacional de cereales y planteó medidas relacionadas con crédito, infraestructura, tecnología y manejo del agua para fortalecer al sector arrocero.
Un debate que va más allá del cultivo
La controversia pone sobre la mesa una discusión de mayor alcance: cómo debe responder Colombia a los problemas de rentabilidad del arroz, la disponibilidad de agua y los efectos del cambio climático sin poner en riesgo la producción de alimentos básicos.
El sector arrocero atraviesa dificultades asociadas a los precios de comercialización y a la productividad, mientras los productores también han advertido sobre el impacto de las condiciones climáticas.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha planteado la necesidad de avanzar hacia alternativas productivas de largo plazo en regiones donde las condiciones de suelo, agua y clima hacen más vulnerable la producción de determinados cultivos. El Gobierno también ha incluido al marañón dentro de las cadenas productivas que busca impulsar en algunas regiones del país.
Así, la propuesta de cambiar parte de las zonas arroceras por cultivos como el marañón abrió un debate que involucra no solo la rentabilidad de los agricultores, sino también la seguridad alimentaria, el uso del agua y el futuro productivo de varias regiones colombianas.
Por ahora, congresistas y sectores del campo reclaman que cualquier proceso de reconversión productiva esté acompañado de estudios técnicos, alternativas de financiación y garantías para los productores que dependen del arroz como fuente de ingresos.