La actuación del Ministerio de Defensa tras la muerte de tres menores de edad durante una operación militar en Guaviare llegó al Congreso. Representantes a la Cámara de diferentes sectores radicaron una proposición de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.
La iniciativa fue presentada ante el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, por congresistas del Pacto Histórico, la Alianza Verde y las Circunscripciones de Paz.
El caso que motivó la solicitud ocurrió el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, durante una operación de las Fuerzas Militares contra integrantes de las disidencias de las Farc que estarían bajo el mando de alias ‘Calarcá’.
El operativo terminó con la muerte de tres menores de edad que, de acuerdo con la información conocida, habían sido reclutados por la estructura armada.
La situación generó cuestionamientos entre los congresistas, quienes consideran necesario establecer qué información tenían previamente las autoridades sobre la presencia de menores dentro del grupo armado y cómo fueron tomadas las decisiones que condujeron a la intervención militar.
La proposición presentada ante la Cámara contempla cuatro cargos de censura contra el jefe de la cartera de Defensa. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con una posible responsabilidad política en la planeación, dirección y supervisión de la política operacional que terminó con la muerte de los tres menores.
Los representantes también plantean interrogantes sobre los protocolos utilizados durante la operación y sobre el nivel de conocimiento que tenían las autoridades respecto de la posible presencia de menores reclutados por las disidencias.
Con la moción de censura, los congresistas buscan que el ministro Jorge Eduardo Mora responda ante el Congreso por las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Defensa y explique las circunstancias que rodearon el operativo.
El debate también pretende establecer si existieron fallas en la planeación, supervisión o ejecución de la operación militar y si, desde el punto de vista político, podrían derivarse responsabilidades por lo ocurrido.
La iniciativa deberá avanzar ahora dentro del trámite correspondiente en la Cámara de Representantes, donde se analizarán los argumentos de los congresistas y las explicaciones que entregue el ministro de Defensa.
El caso mantiene abierto el debate sobre las operaciones militares contra grupos armados que utilizan o reclutan menores de edad y sobre las medidas que deben adoptar las autoridades para proteger a esta población durante este tipo de acciones.