Organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados que representan a víctimas del conflicto armado acudieron a instancias internacionales para solicitar medidas de protección ante el recorte presupuestal que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De acuerdo con información conocida este lunes, fueron enviadas tres cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en las que se advierte sobre los posibles efectos que las restricciones presupuestales podrían tener sobre las víctimas acreditadas ante la jurisdicción.
Los documentos buscan llamar la atención de organismos internacionales frente a las dificultades que podría generar la reducción de recursos para el funcionamiento de la JEP y, particularmente, para los procesos judiciales y de acompañamiento relacionados con quienes han sido reconocidos como víctimas dentro de los casos que adelanta esa jurisdicción.
Los representantes de las víctimas sostienen que cualquier afectación a la capacidad operativa de la JEP podría repercutir en el desarrollo de las investigaciones, la participación de las víctimas y las medidas destinadas a garantizar sus derechos dentro de los procesos de justicia transicional.
La preocupación llega en medio de la discusión sobre los recursos asignados a la jurisdicción. El recorte ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y sectores que consideran que la reducción presupuestal puede tener consecuencias sobre el avance de los procesos y el cumplimiento de las obligaciones estatales frente a las víctimas.
La solicitud ante la CIDH y la CPI busca, precisamente, que organismos internacionales conozcan la situación y evalúen la adopción de medidas en favor de las personas acreditadas ante la JEP.
El debate vuelve a poner en el centro la discusión sobre la financiación de la justicia transicional y las garantías que deben existir para que las víctimas puedan participar efectivamente en los procesos que buscan esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado.