El Ministerio del Trabajo abrió una investigación contra Postobón por la presunta desvinculación irregular de cerca de un centenar de trabajadores que tendrían enfermedades diagnosticadas o restricciones médicas, en un caso que ahora será revisado por las autoridades laborales.
La actuación del Ministerio busca establecer si durante la terminación de los vínculos laborales se respetaron las garantías de los empleados y si los acuerdos de retiro que les fueron presentados cumplieron con los requisitos establecidos por la legislación colombiana.
Según las denuncias conocidas, varios trabajadores fueron citados el pasado 15 de mayo a reuniones realizadas en hoteles y auditorios. En esos encuentros, de acuerdo con los testimonios, se les habría comunicado la terminación de sus contratos y se les habrían presentado acuerdos de retiro bajo la figura de decisiones voluntarias.
La situación generó cuestionamientos debido a que, según las denuncias, entre las personas desvinculadas se encontraban trabajadores con enfermedades, condiciones de salud o restricciones médicas.
Algunos de los afectados señalaron que durante el proceso habrían existido presiones para aceptar los acuerdos y que, en determinados casos, no habrían contado con el tiempo suficiente para consultar previamente con abogados o familiares antes de tomar una decisión.
Dentro de los elementos que han llamado la atención de las autoridades también se encuentra la circulación de un audio atribuido a un abogado de la compañía, en el que se aborda la situación relacionada con la condición de salud de una trabajadora.
La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, confirmó las actuaciones adelantadas por el Ministerio y señaló que las personas involucradas se encontraban en una situación que requería especial atención debido a sus condiciones de vulnerabilidad.
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, si las terminaciones de los contratos fueron realmente voluntarias, si los trabajadores tuvieron libertad para decidir y si recibieron información suficiente antes de suscribir cualquier documento.
También se deberá establecer si las condiciones particulares de salud de los empleados exigían garantías adicionales para adelantar sus desvinculaciones y si se cumplieron los procedimientos correspondientes.
Por su parte, Postobón rechazó que se hayan cometido irregularidades y sostuvo que los procesos de retiro se realizaron de manera voluntaria y conforme a la ley.
La empresa tendrá la oportunidad de presentar ante las autoridades la documentación y los argumentos que respalden su posición, mientras el Ministerio del Trabajo continuará con la recopilación de testimonios y elementos necesarios para establecer lo ocurrido.
La apertura de la investigación no significa que la empresa haya sido declarada responsable de una infracción laboral. Será el desarrollo de las actuaciones administrativas el que permita determinar si existieron vulneraciones a los derechos de los trabajadores y, de ser así, establecer las responsabilidades correspondientes.
El caso ha generado especial atención debido al número de trabajadores involucrados y a las denuncias relacionadas con personas que presentaban condiciones médicas, por lo que se espera que el Ministerio establezca con precisión cómo se desarrollaron las reuniones y bajo qué circunstancias se produjeron las desvinculaciones.