Una nueva denuncia puso bajo la lupa el manejo de recursos destinados al suministro de agua potable en zonas rurales de Riohacha, La Guajira. La senadora Martha Peralta Epieyú, del partido MAIS, presentó ante la Contraloría General de la República una denuncia relacionada con un presunto detrimento patrimonial superior a los $5.100 millones y la paralización de un proyecto de optimización de los acueductos rurales.
El caso está relacionado con las obras previstas para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua de los corregimientos de Monguí y Villa Martín, también conocido como Machobayo, donde las comunidades continúan enfrentando dificultades para acceder al servicio.
Según los documentos de auditoría citados en la denuncia, las irregularidades estarían relacionadas con la ejecución del Contrato de Obra No. 001-2023, adjudicado durante el primer semestre de 2023 para adelantar las obras de optimización hidráulica.
La actuación pone en el centro de los cuestionamientos a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de La Guajira, Esepgua S.A. E.S.P., señalada de presuntamente no haber actuado de manera oportuna frente a las alertas relacionadas con la capacidad técnica y financiera del contratista.
Uno de los principales problemas identificados habría sido la falta de avance de las obras civiles contempladas en el proyecto. La ejecución terminó paralizada y también se habría frenado la instalación y extensión de las redes destinadas a llevar el servicio hasta los hogares beneficiarios.
La situación adquiere mayor gravedad por el impacto que tendría sobre las comunidades rurales. De acuerdo con la denuncia, más de 3.000 habitantes se encontrarían afectados por las dificultades en el suministro de agua, obligándolos a recurrir a carrotanques para atender una necesidad básica.
El cuestionamiento central de la denuncia es cómo fue posible que un proyecto financiado con recursos públicos terminara con obras inconclusas mientras las comunidades continúan padeciendo problemas de abastecimiento.
La senadora Peralta llevó el caso al escenario nacional y solicitó que los organismos de control determinen qué ocurrió con los recursos comprometidos, cuáles fueron las razones por las que el proyecto no logró materializarse y si existieron omisiones por parte de quienes tenían a su cargo la supervisión y vigilancia del contrato.
La Contraloría deberá establecer si efectivamente se produjo un detrimento patrimonial, determinar el monto de los recursos eventualmente comprometidos y establecer las responsabilidades fiscales que correspondan, en caso de encontrar irregularidades.
También será necesario establecer cuál fue el nivel real de ejecución del contrato, qué obras alcanzaron a construirse, cuánto dinero fue desembolsado y qué ocurrió con los recursos destinados a los componentes que quedaron pendientes.
El caso vuelve a poner en discusión la situación del acceso al agua potable en La Guajira, un departamento donde las comunidades rurales han enfrentado históricamente dificultades para contar con sistemas de abastecimiento confiables.
Mientras avanzan las actuaciones de los organismos de control, los habitantes de Monguí y Villa Martín continúan a la espera de soluciones concretas. Para las comunidades, el problema no se reduce a una discusión contractual: detrás de las cifras millonarias hay familias que siguen dependiendo de fuentes alternativas para conseguir agua.
La investigación fiscal tendrá ahora la tarea de determinar si los recursos públicos fueron manejados correctamente, por qué las obras no cumplieron con los objetivos previstos y quiénes tendrían responsabilidad por la eventual afectación de un proyecto considerado fundamental para el suministro de agua de miles de habitantes rurales de Riohacha.