El Ministerio de Salud puso en marcha un plan de choque para revisar el manejo de millonarios recursos de la entidad, luego de detectar un desfase cercano a los 2,9 billones de pesos entre recursos comprometidos y aquellos que efectivamente habían llegado a la etapa de obligación y pago.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró que la situación fue detectada tras la revisión de la gestión recibida de la administración anterior y después de que la Contraloría General de la República emitiera una opinión contable negativa sobre la vigencia 2025.
De acuerdo con las cifras entregadas por la funcionaria, en agosto de 2026 el principal rubro de asignaciones del Ministerio tenía una apropiación de 4,4 billones de pesos. De ese monto, alrededor de 4,3 billones estaban comprometidos, mientras que únicamente 1,3 billones habían sido obligados y pagados, generando una diferencia cercana a los $2,9 billones.
La ministra aclaró que ese desfase no significa, por sí solo, que el dinero haya desaparecido o que exista un delito. Precisamente por eso, el Gobierno decidió revisar el origen, soporte y estado de cada compromiso antes de permitir que continúen nuevos trámites.
MinSalud congeló nuevas contrataciones
Como primera medida, el Ministerio suspendió temporalmente nuevos procesos de contratación, contratos y convenios, contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de contratos vigentes.
La decisión fue adoptada mediante una circular expedida el 10 de agosto, apenas tres días después de que Vesga asumiera como ministra. Las excepciones consideradas indispensables quedaron sujetas a una justificación y a autorización previa del despacho ministerial.
La revisión también puso bajo la lupa 28 resoluciones que contemplaban 176 proyectos por más de $490.000 millones. De ellos, 108 proyectos, por aproximadamente $365.604 millones, todavía no contaban con registro presupuestal. Cerca del 83 % de esos recursos correspondía a proyectos de infraestructura.
La cartera sostiene que el objetivo de la suspensión no es detener la prestación de servicios esenciales, sino evitar que se adquieran nuevos compromisos mientras se determina qué proyectos cuentan con respaldo técnico, jurídico y presupuestal.
Un audio sobre presuntas comisiones llegó a la Fiscalía
La revisión financiera derivó además en una denuncia penal. La ministra Vesga informó que puso en conocimiento de la Fiscalía un audio en el que, presuntamente, se habla del cobro de un 8 % de los recursos a nombre de la ministra y de integrantes de su equipo.
Según el relato entregado por Vesga, en la grabación se menciona una supuesta distribución de porcentajes y una eventual gestión relacionada con recursos para infraestructura hospitalaria.
La funcionaria negó categóricamente haber solicitado, autorizado o recibido dinero a cambio de la gestión de recursos públicos.
El contenido de la grabación, sin embargo, tendrá que ser sometido a verificación por las autoridades. La Fiscalía deberá establecer si el audio es auténtico, quiénes participaron en la conversación, cuál era su relación con los recursos mencionados y si efectivamente existió algún intento de cobrar dinero por facilitar trámites o desembolsos.
La propia cobertura del caso señala que la denuncia fue presentada para que se investigue el origen del audio y las circunstancias alrededor del supuesto cobro.
La ministra anuncia cero tolerancia
Vesga aseguró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia frente a la intermediación y el cobro de porcentajes sobre los recursos destinados al sistema de salud.
El mensaje del Ministerio es que los recursos públicos deben llegar a su destino: hospitales, infraestructura, medicamentos, personal médico y atención de los pacientes.
Por eso, además de la denuncia penal, la cartera anunció que continuará revisando los proyectos y contratos que quedaron en ejecución o comprometidos antes de la llegada de la actual administración.
La entidad también cuenta con mecanismos públicos para consultar información relacionada con la supervisión e interventoría de sus contratos, así como los procesos publicados en los sistemas de contratación estatal.
La revisión pone nuevamente el foco sobre la administración anterior
El caso abre además un nuevo frente de revisión sobre decisiones adoptadas durante la administración anterior, particularmente en materia de infraestructura y asignación de recursos.
No obstante, la existencia de compromisos presupuestales pendientes, proyectos sin registro presupuestal o un audio con un supuesto cobro de comisiones no permite atribuir automáticamente responsabilidades penales a funcionarios o exfuncionarios.
Será la investigación de los organismos de control y de la Fiscalía la que determine si existieron irregularidades, quiénes participaron y si hubo conductas que puedan constituir delitos.
Mientras avanzan esas actuaciones, el Ministerio de Salud mantiene suspendidos temporalmente nuevos procesos contractuales y continúa con la revisión de los recursos que encontró al asumir la administración.
El objetivo anunciado por la ministra es establecer qué dinero estaba correctamente comprometido, qué proyectos cuentan con respaldo y qué situaciones requieren ser trasladadas a las autoridades competentes.
El mensaje del Gobierno es contundente: antes de comprometer nuevos recursos de la salud, se revisará qué ocurrió con los que ya estaban asignados.